[Geoffry Sloan, Geopolitics, Geography and Strategic History. Routledge. New York, 2017. 251 p.]

RESEÑA / Emili J. Blasco

Asistimos hoy a un uso frecuente del término geopolítica que muchas veces resulta vacío de contenido. Después de décadas de haber quedado estigmatizada la palabra, dada la contaminación que sufrió en el primer tercio del siglo XX por elaboraciones como el Lebensraum, su empleo se ha generalizado los últimos años a medida que China y Rusia han comenzado a tomar posiciones en el nuevo orden mundial post-unipolar. No obstante, no es raro que se hable de geopolítica como mero sinónimo de relaciones internacionales, sin un significado específico.

Recordar el valor estricto del concepto, despojándolo de trivializaciones o malentendidos, es el propósito de Geoffrey Sloan, académico británico especializado en Halford Mackinder, uno de los grandes nombres de la geopolítica. Sloan entiende esta como una “construcción tripartita” de geografía, estrategia e historia, elementos que dan lugar al título de su libro.

El autor sitúa los albores de la geopolítica en una “primera ola” de pensadores distantes en el tiempo y en sus concepciones filosóficas, como Aristóteles, Maquiavelo y Montesquieu, pero no será hasta la “segunda ola”, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, cuando la disciplina adopte ese nombre y defina sus contornos de la mano de Ratzel, Mahan, Mackinder, Haushofer... Tras un largo tiempo de ostracismo, por estimarse que algunos totalitarismos se habían alimentado de los desvaríos de ciertas escuelas, en este principio del siglo XXI el término geopolítica vuelve a resurgir. Sin embargo, en opinión de Sloan, lo hace afectado por un triple problema: su indefinición, la falta de bibliografía científica y su confusión con la realpolitik.

Hoy se ha comenzado a hablar de geopolítica de modo tan habitual, que ha llegado a perder su sentido propio. “El término geopolítica ha gozado de una vida fantasmal después de la muerte, convirtiéndose en algo usado en todas partes al tiempo que es drenado de sustantivo contenido teórico, y es usado de tantas maneras que ha quedado sin significado, si no hay mayor especificación”, se advierte en una cita de S. R. Gokmen.

Frente a su uso genérico, asimilado al de política internacional, Sloan reivindica su sentido originario, absolutamente pegado a la geografía. “Aunque toda la política de un Estado no se deriva de su geografía”, dicen las palabras de 1938 de Nicholas Spykman —otro clásico de la geopolítica— que abren el libro, “el Estado no puede escapar de esa geografía. Tamaño, forma, localización, topografía y clima ponen condiciones de las que no cabe escapar, por más cualificado que sea el Ministerio de Asuntos Exteriores o recursos tenga el Estado Mayor”.

La ruptura temporal en el pensamiento geopolítico —Sloan constata que no se publicó en inglés ningún libro sobre geopolítica entre 1945 y 1977— puede explicar que muchos hayan perdido hoy la noción de ese estricto contenido geográfico del término. Pero incluso entre quienes parecen querer darle un sentido específico existe la confusión de asimilar la geopolítica con la teoría realista de las relaciones internacionales. Según Sloan, “quizás la asunción equivocada más común acerca de la teoría geopolítica sea su relación simbiótica con el planteamiento realista. Esta mantiene que toda pensamiento acerca de las relaciones internacionales debería comenzar con el reconocimiento de la primacía del poder y que los factores geográficos son parte vital de la valoración del poder”. El autor advierte que en geopolítica también cabe un planteamiento idealista, pues no es algo atado al Estado administrativo ni se identifica exclusivamente con ideologías políticas conservadoras.

Sloan propone una “estructura trinitaria” de la geopolítica, en un diagrama donde la relación entre la geografía y la estrategia genera la geoestrategia, la relación entre la geografía y la historia da lugar a la geografía histórica y la relación entre la historia y la estrategia deriva en historia diplomática.

El planteamiento de la obra es en su primera parte teórico, y luego da paso a ciertas concreciones históricas, en su mayor parte a la luz de conceptos elaborados por Mackinder.

COMENTARIO / Daniel Andrés Llonch

El ciberespacio se ha consolidado como nuevo dominio en el que se decide la seguridad de los Estados y sus ciudadanos. Por un lado, los ataques ya no tienen por qué conllevar el empleo de armamento; por otro, las acciones no bélicas, como ciertas operaciones de injerencia en asuntos de otros países, pueden resultar especialmente efectivas dado el acceso a millones de personas que permiten las tecnologías de la información.

Esas capacidades han contribuido a generar un clima de creciente desconfianza entre las potencias mundiales, caracterizado por las acusaciones mutuas, el encubrimiento y el sigilo, ya que el ciberespacio permite esconder en gran medida la procedencia de las agresiones. Eso dificulta la misión del Estado de proteger los intereses nacionales y complica su gestión de las libertades individuales (la tensión entre la seguridad y la privacidad).

Desde Occidente se ha señalado con frecuencia a los gobiernos de Rusia y China como patrocinadores de ciberataques destinados a dañar redes informáticas sensibles y robar datos confidenciales, tanto de personas como de empresas, y de operaciones dirigidas a influir en la opinión mundial. En el caso chino se ha apuntado a actividades de unidades secretas dependientes del Ejército Popular de Liberación; en el caso ruso, se mencionan organizaciones como Fancy Bear, tras las que muchos ven directamente la mano del Kremlin.

A estos últimos agentes se les atribuyen los ciberataques o acciones de injerencia rusos en Europa y en Estados Unidos, cuyo objetivo es desestabilizar a esas potencias y restar su capacidad de influencia mundial. Varias son las fuentes que sugieren que dichas organizaciones han intervenido en procesos como el Brexit, las elecciones presidenciales de Estados Unidos o el proceso separatista en Cataluña. Esa actividad de influencia, radicalización y movilización se habría llevado a cabo mediante el manejo de redes sociales y también posiblemente mediante la utilización de la Dark Web y la Deep Web.

Una de las organizaciones más destacadas en esa actividad es Fancy Bear, también conocida como APT28 y vinculada por diversos medios a la agencia de inteligencia militar rusa. El grupo sirve a los intereses del Gobierno ruso, con actividades que incluyen el apoyo a determinados candidatos y personalidades en países extranjeros, como sucedió en las últimas elecciones a la Casa Blanca. Opera muchas veces mediante lo que se llama Advanced Persistent Threat o APT, que consiste en continuos hackeos de un sistema determinado mediante el pirateo informático.

Aunque una APT se dirige normalmente a organizaciones privadas o Estados, bien por motivos comerciales o por intereses políticos, también puede tener como objetivo a ciudadanos que sean percibidos como enemigos del Kremlin. Detrás de esas acciones no se encuentra un hacker solitario o un pequeño grupo de personas, sino toda una organización, de dimensiones muy vastas.

Fancy Bear y otros grupos similares han estado vinculados a la difusión de información confidencial robada a bancos mundiales, la Agencia Mundial Anti Dopaje, la OTAN y el proceso electoral en Francia y Alemania. También se les atribuyó una acción contra la red gubernamental alemana, en la que hubo robo de datos del Gobierno y un espionaje exhaustivo durante un largo periodo de tiempo.

La Unión Europea ha sido uno de los primeros actores internacionales en anunciar medidas al respecto, consistentes en un incremento considerable del presupuesto para reforzar la ciberseguridad y aumentar la investigación por parte de técnicos y especialistas en este campo. También se está creando la nueva figura del Data Protection Officer (DPO), que es la persona encargada de velar sobre todas las cuestiones relacionadas con la protección de datos y su privacidad.

La sofisticación de internet y al mismo tiempo su vulnerabilidad han dado lugar también a una situación de inseguridad en la red. El anonimato permite perpetrar actividades delictivas que no conocen fronteras, ni físicas ni virtuales: es el cibercrimen. Se pudo constatar el 12 de mayo de 2017 con el virus Wannacry, que afectó a millones de personas a escala mundial.

La realidad, pues, nos advierte de la dimensión que ha adquirido el problema: nos habla de un riesgo real. La sociedad se encuentra crecientemente conectada a la red, lo que junto a las ventajas de todo orden que eso conlleva supone también una exposición constante a la cibercriminalidad. Los hackers pueden utilizar nuestros datos personales y la información que compartimos para sus propios fines: en ocasiones como modo de chantaje o llave para acceder a campos de la privacidad del sujeto; otras veces ese contenido privado es vendido. El hecho es que las magnitudes a las que puede llegar dicho problema resultan abrumadoras. Si una de las principales agencias de seguridad a nivel mundial, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ha resultado hackeada, ¿qué es lo que deben esperar los simples usuarios, que dentro de su inocencia y desconocimiento son sujetos vulnerables y utilizables?

Al problema se le añade el progresivo mejoramiento de las técnicas y métodos utilizados: se suplantan identidades y se crean virus para móviles, sistemas informáticos, programas, correos y descargas. En otras palabras, pocas son las áreas dentro del mundo cibernético que no sean consideradas como susceptibles de hackeo o que no tengan algún punto débil que suponga una oportunidad de amenaza e intrusión para toda aquella persona u organización con fines ilícitos.

Las repúblicas centroasiáticas se disputan los escasos recursos hídricos de la Cuenca del Mar de Aral

La falta de cooperación efectiva entre las repúblicas por donde atraviesan los dos principales ríos de Asia Central, el Amu Darya y el Syr Darya, que históricamente han alimentado el Mar de Aral, está impidiendo resolver los problemas hídricos de la región. Objetivos a corto plazo, como la explotación hidroeléctrica o las prospecciones petroleras, dificultan el entendimiento, si bien recientes iniciativas apuntan en la correcta dirección.

▲Imagen satelital del Mar de Aral, con el norte abajo [NASA]

ARTÍCULO / Roberto Ramírez Millán

Fuente de vida, alimento de los cultivos, medio de navegación… Son muchas las funciones que cumple el agua como recurso humano. Es indispensable y necesaria para el mantenimiento y desarrollo de cualquier nación. Hoy este recurso se está agotando debido a la gran expansión industrial de los últimos siglos, el crecimiento en masa de la población y el cambio climático. La disputa por el agua dulce, dada su importancia económica, geopolítica y geoestratégica está desencadenando conflictos entre diversos países, conocidos como “guerras del agua”. Eso ocurre en el área del Asia-Pacífico y singularmente en el caso la región de Asia Central, en la Cuenca del Mar de Aral.

Debido a la sequía que caracteriza a esta zona, los ríos Amu Darya y Syr Darya están sometidos a especial tensión como principales proveedores de agua dulce a los países de Asia Central. Desde el colapso de la URSS, junto con sus organizaciones para la negociación de las aguas de esta cuenca, y la independencia de los países localizados en esta región, la falta de una organización internacional efectiva que regule el uso de este recurso entre los Estados ha conllevado una serie de conflictos internacionales debido a las desigualdades de acceso al agua.

En 1993 la República de Kirguistán comenzó a usar la cascada de Naryn como una fuente de energía hidroeléctrica, con la intención de suplir la carencia de combustible orgánico. Con este nuevo uso de las infraestructuras, que conllevaba una gran retención de agua durante el verano, la República de Kirguistán aprovechó para vender energía eléctrica a precios desorbitantes a cambio de gas y carbón, del cual carece, a países como Kazajstán y Uzbekistán. La búsqueda del beneficio propio de los Estados y la falta de cooperación entre ellos imposibilitó alcanzar ningún acuerdo. 

Además, en 1997, Kirguistán declaró que el río Syr Darya dejaría de ser a efectos legales un bien común. Para ello, remodeló y restringió el derecho a su uso y exigió a los Estados que se beneficiasen de esta cuenca una ayuda financiera para mantener las reservas de agua dulce disponibles en su territorio. No conforme con esto, remarcó que, si Uzbekistán no pagaba, vendería gran parte de esta agua a China, dañando de este modo los intentos de llegar a un acuerdo entre ambos.

Estos eventos no han sido los únicos que han dificultado la cooperación entre estos países, también se podría destacar la fuerte caída de carácter mundial de los precios de la agricultura irrigada, los cultivos de algodón uzbekos que requieren de grandes cantidades de agua y los problemas consecuencia del cambio climático, entre otros.

Mar de Aral

Además, también hay que tener en cuenta la actual situación en la que se encuentra el Mar de Aral. El que fue uno de los cuatro lagos más grandes del mundo y proveía de sostenibilidad económica a la región, se encuentra en un estado de sequía continua desde 1960. Debido a las mencionadas operaciones en los ríos Syr Darya y Amu Darya, el mar de Aral se dividió en dos partes, el lago norte y el lago sur, quedando totalmente evaporada la zona oriental de este último. Anteriormente el Mar de Aral proporcionaba entre 20.000 y 40.000 toneladas de pescado por año; sin embargo, en la actualidad solo puede suministrar alrededor de 1.000 toneladas.

Para lidiar con los problemas de sequía Kazajstán desarrolló el proyecto “Regulación del lecho del río Darya y preservación de la parte norte del Mar de Aral". Este incluyó la construcción de la presa Kokaral en la orilla sur del lago norte, gracias al apoyo del Banco Mundial. La presa aseguró el crecimiento de ese lago en un 20%. El proyecto también aportó la edificación de un criadero de peces, que fomentó una producción de entre 10.000 y 12.000 toneladas de pescado por año.

Sin embargo, estas medidas a favor del desarrollo del Mar de Aral están siendo contrarrestadas al mismo tiempo por las acciones de Uzbekistán. Si anteriormente la parte uzbeka del Mar de Aral se veía perjudicada por alta irrigación de los cultivos de algodón, es ahora la extracción de petróleo la que está dañando el lago sur. La perforación del suelo en el delta del río Amu Darya y en el fondo del Mar de Aral juegan un papel negativo. En el dilema entre el desarrollo de la industria petrolífera y el gas y la salvación de su parte del Aral, Uzbekistán está demostrando cuál es su prioridad, dados los beneficios del desarrollo de hidrocarburos.

Cooperación efectiva

Los investigadores y expertos de la región son conscientes de que la cooperación entre los seis países es indispensable para su desarrollo; es por ello que en 2001 se creó el Regional Environmental Center for Central Asia (CAREC), una organización no gubernamental encargada de abordar los desafíos ambientales y de sostenibilidad en Asia Central y Afganistán. Esta organización ha denunciado que la región está perdiendo 4.500 millones de dólares anuales debido “a la falta de cooperación mutua efectiva entre los países”, como ha indicado su director ejecutivo, Iskandar Abdullayev.

Por este motivo, el pasado 8 de junio, de la mano de CAREC tuvo lugar la ceremonia de puesta en marcha del Clúster de Innovación e Investigación Científica en el ámbito de la gestión del agua, la primera en Asia Central, cuyo objetivo es “garantizar la efectividad y la sostenibilidad de los proyectos de desarrollo”. Estas y parecidas iniciativas constituyen los primeros pasos para la creación de un futuro próspero y sostenible, evitando represalias y previniendo posibles “guerras del agua”.

BIBLIOGRAFÍA:

Bernauer, T., & Siegfried, T. (2012). Climate change and international water conflict in Central Asia. Journal of Peace Research, 49(1), 227-239.

Dukhovny, V. A., & Sokolov, V. (2003). Lessons on cooperation building to manage water conflicts in the Aral Sea Basin. Paris: Unesco, 7-16

Karaev, Z. (2005). Water Diplomacy in Central Asia. Middle East Review of International Affairs, 9(1), 63-69.

Sievers, E. W. (2001). Water, conflict, and regional security in Central Asia. NYU Envtl. LJ, 10, 356.

Swain, A. (2004). Managing water conflict: Asia, Africa and the Middle East. Routledge.

Tishkov, V. (1997). Ethnicity, nationalism and conflict in and after the Soviet Union: the mind aflame (Vol. 15). Sage.

ESSAY / Elena López-Dóriga

The European Union’s aim is to promote democracy, unity, integration and cooperation between its members. However, in the last years it is not only dealing with economic crises in many countries, but also with a humanitarian one, due to the exponential number of migrants who run away from war or poverty situations.

When referring to the humanitarian crises the EU had to go through (and still has to) it is about the refugee migration coming mainly from Syria. Since 2011, the civil war in Syria killed more than 470,000 people, mostly civilians. Millions of people were displaced, and nearly five million Syrians fled, creating the biggest refugee crisis since the World War II. When the European Union leaders accorded in assembly to establish quotas to distribute the refugees that had arrived in Europe, many responses were manifested in respect. On the one hand, some Central and Eastern countries rejected the proposal, putting in evidence the philosophy of agreement and cooperation of the EU claiming the quotas were not fair. Dissatisfaction was also felt in Western Europe too with the United Kingdom’s shock Brexit vote from the EU and Austria’s near election of a far right-wing leader attributed in part to the convulsions that the migrant crisis stirred. On the other hand, several countries promised they were going to accept a certain number of refugees and turned out taking even less than half of what they promised. In this note it is going to be exposed the issue that occurred and the current situation, due to what happened threatened many aspects that revive tensions in the European Union nowadays.

The response of the EU leaders to the crisis

The greatest burden of receiving Syria’s refugees fell on Syria’s neighbors: Turkey, Lebanon and Jordan. In 2015 the number of refugees raised up and their destination changed to Europe. The refugee camps in the neighbour countries were full, the conditions were not good at all and the conflict was not coming to an end as the refugees expected. Therefore, refugees decided to emigrate to countries such as Germany, Austria or Norway looking for a better life. It was not until refugees appeared in the streets of Europe that European leaders realised that they could no longer ignore the problem. Furthermore, flows of migrants and asylum seekers were used by terrorist organisations such as ISIS to infiltrate terrorists to European countries. Facing this humanitarian crisis, European Union ministers approved a plan on September 2015 to share the burden of relocating up to 120,000 people from the so called “Frontline States” of Greece, Italy and Hungary to elsewhere within the EU. The plan assigned each member state quotas: a number of people to receive based on its economic strength, population and unemployment. Nevertheless, the quotas were rejected by a group of Central European countries also known as the Visegrad Group, that share many interests and try to reach common agreements.

Why the Visegrad Group rejected the quotas

The Visegrad Group (also known as the Visegrad Four or simply V4) reflects the efforts of the countries of the Central European region to work together in many fields of common interest within the all-European integration. The Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia have shared cultural background, intellectual values and common roots in diverse religious traditions, which they wish to preserve and strengthen. After the disintegration of the Eastern Block, all the V4 countries aspired to become members of the European Union. They perceived their integration in the EU as another step forward in the process of overcoming artificial dividing lines in Europe through mutual support. Although they negotiated their accession separately, they all reached this aim in 2004 (1st May) when they became members of the EU.

The tensions between the Visegrad Group and the EU started in 2015, when the EU approved the quotas of relocation of the refugees only after the dissenting votes of the Czech Republic, Hungary and Slovakia were overruled. In asking the court to annul the deal, Hungary and Slovakia argued at the Court of Justice that there were procedural mistakes, and that quotas were not a suitable response to the crisis. Besides, the politic leaders said the problem was not their making, and the policy exposed them to a risk of Islamist terrorism that represented a threat to their homogenous societies. Their case was supported by Polish right-wing government of the party Prawo i Sprawiedliwość (Law and Justice) which came to power in 2015 and claimed that the quotes were not comprehensive.

Regarding Poland’s rejection to the quotas, it should be taken into account that is a country of 38 million people and already home to an exponential number of Ukrainian immigrants. Most of them decided to emigrate after military conflict erupted in eastern Ukraine in 2014, when the currency value of the Ukrainian hryvnia plummeted and prices rose. This could be a reason why after having received all these immigration from Ukraine, the Polish government believed that they were not ready to take any more refugees, and in that case from a different culture. They also claimed that the relocation methods would only attract more waves of immigration to Europe.

The Slovak and Hungarian representatives at the EU court stressed that they found the Council of the EU’s decision rather political, as it was not achieved unanimously, but only by a qualified majority. The Slovak delegation labelled this decision “inadequate and inefficient”. Both the Slovak and Hungarian delegations pointed to the fact that the target the EU followed by asserting national quotas failed to address the core of the refugee crisis and could have been achieved in a different way, for example by better protecting the EU’s external border or with a more efficient return policy in case of migrants who fail to meet the criteria for being granted asylum. 

The Czech prime minister at that time, Bohuslav Sobotka, claimed the commission was “blindly insisting on pushing ahead with dysfunctional quotas which decreased citizens’ trust in EU abilities and pushed back working and conceptual solutions to the migration crisis”.

Moreover, there are other reasons that run deeper about why ‘new Europe’ (these recently integrated countries in the EU) resisted the quotas which should be taken into consideration. On the one hand, their just recovered sovereignty makes them especially resistant to delegating power. On the other, their years behind the iron curtain left them outside the cultural shifts taking place elsewhere in Europe, and with a legacy of social conservatism. Furthermore, one can observe a rise in skeptical attitudes towards immigration, as public opinion polls have shown.

The temporary solution: The Turkey Deal        

The accomplishment of the quotas was to be expired in 2017, but because of those countries that rejected the quotas and the slow process of introducing the refugees in those countries that had accepted them, the EU reached a new and polemic solution, known as the Turkey Deal.

Turkey is a country that has had the aspiration of becoming a European Union member since many years, mainly to improve their democracy and to have better connections and relations with Western Europe. The EU needed a quick solution to the refugee crisis to limit the mass influx of irregular migrants entering in, so knowing that Turkey is Syria’s neighbor country (where most refugees came from) and somehow could take even more refugees, the EU and Turkey made a deal the 18th of March 2016. Following the signing of the EU-Turkey deal: those arriving in the Greek Islands would be returned to Turkey, and for each Syrian sent back from Greece to Turkey one Syrian could be sent from a Turkish camp to the EU. In exchange, the EU paid 3 billion euros to Turkey for the maintenance of the refugees, eased the EU visa restrictions for Turkish citizens and payed great lip-service to the idea of Turkey becoming a member state.  

The Turkey Deal is another issue that should be analysed separately, since it has not been defended by many organisations which have labelled the deal as shameless. Instead, the current relationship between both sides, the UE and V4 is going to be analysed, as well as possible new solutions.

Current relationship between the UE and V4

In terms of actual relations, on the one hand critics of the Central European countries’ stance over refugees claim that they are willing to accept the economic benefits of the EU, including access to the single market, but have shown a disregard for the humanitarian and political responsibilities. On the other hand, the Visegrad Four complains that Western European countries treat them like second-class members, meddling in domestic issues by Brussels and attempting to impose EU-wide solutions against their will, as typified by migrant quotas. One Visegrad minister told the Financial Times, “We don’t like it when the policy is defined elsewhere and then we are told to implement it.” From their point of view, Europe has lost its global role and has become a regional player. Hungary’s Prime Minister Viktor Orban said “the EU is unable to protect its own citizens, to protect its external borders and to keep the community together, as Britain has just left”.

Mr Avramopolus, who is Greece’s European commissioner, claimed that if no action was taken by them, the Commission would not hesitate to make use of its powers under the treaties and to open infringement procedures.

At this time, no official sanctions have been imposed to these countries yet. Despite of the threats from the EU for not taking them, Mariusz Blaszczak, Poland´s former Interior minister, claimed that accepting migrants would have certainly been worse for the country for security reasons than facing EU action. Moreover, the new Poland’s Prime Minister Mateusz Morawiecki proposes to implement programs of aid addressed to Lebanese and Jordanian entities on site, in view of the fact that Lebanon and Jordan had admitted a huge number of Syrian refugees, and to undertake further initiatives aimed at helping the refugees affected by war hostilities.

To sum up, facing this refugee crisis a fracture in the European Union between Western and Eastern members has showed up. Since the European Union has been expanding its boarders from west to east integrating new countries as member states, it should also take into account that this new member countries have had a different past (in the case of the Eastern countries, they were under the iron curtain) and nowadays, despite of the wish to collaborate all together, the different ideologies and the different priorities of each country make it difficult when it comes to reach an agreement. Therefore, while old Europe expects new Europe to accept its responsibilities, along with the financial and security benefits of the EU, this is going to take time. As a matter of fact, it is understandable that the EU Commission wants to sanction the countries that rejected the quotas, but the majority of the countries that did accept to relocate the refugees in the end have not even accepted half of what they promised, and apparently they find themselves under no threats of sanction. Moreover, the latest news coming from Austria since December 2017 claim that the country has bluntly told the EU that it does not want to accept any more refugees, arguing that it has already taken in enough. Therefore, it joins the Visegrad Four countries to refuse the entrance of more refugees.

In conclusion, the future of Europe and a solution to this problem is not known yet, but what is clear is that there is a breach between the Western and Central-Eastern countries of the EU, so an efficient and fair solution which is implemented in common agreement will expect a long time to come yet.

Bibliography:

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International Visegrad Fund. (2006). Official Statements and communiqués. 2018, de Visegrad Group Sitio web.

Jacopo Barigazzi (2017). Brussels takes on Visegrad Group over refugees. 2018, de POLITICO Sitio web.

Zuzana Stevulova (2017). “Visegrad Four” and refugees. 2018, de Confrontations Europe (European Think Tank) Sitio web.

Nicole Gnesotto. (2015). Refugees are an internal manifestation of an unresolved external crisis. 2018, de Confrontations Europe (European Think Tank) Sitio web.

▲Firma del acuerdo de paz en Cartagena, en septiembre de 2016, antes del referéndum que lo rechazó y que llevó a algunas modificaciones del texto [Gobierno de Chile]

ANÁLISIS / Camila Oliveros

El Acuerdo de Paz firmado el 26 de noviembre de 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) es uno de asuntos más decisivos en las elecciones de este 17 de junio, en su segunda vuelta, y del próximo mandato presidencial.

Luego de unas largas negociaciones entre el Gobierno y las FARC en La Habana, y de la introducción de modificaciones en el texto inicialmente pactado, a raíz del triunfo del “no” en el plebiscito convocado, el acuerdo de paz fue finalmente firmado en noviembre del 2016. La larga duración de las negociaciones y el resultado del plebiscito demuestran que el acuerdo de paz es algo especialmente controversial en Colombia, donde este conflicto de 52 años supuso la muerte de 220.000 personas y el desplazamiento forzado de casi 6 millones, además de 25.000 desaparecidos y casi 30.000 secuestrados.

Claramente, todos los colombianos ansían tener una paz duradera, pero mientras unos creen que lo redactado en La Habana es la solución para lograr esa paz, otros consideran que todavía se le pueden hacer varias modificaciones al texto. La decisión sobre eso y sobre la rapidez de la implementación del acuerdo queda en manos del próximo presidente.

Grado de implementación

Por ahora, luego de más de un año de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, se pueden resaltar tanto elementos negativos como positivos en la implementación de lo pactado en La Habana. Según el Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz, a comienzos de 2018, antes de que el país entrara en el largo proceso electoral en el que se encuentra, solo se había cumplido el 18.3% del acuerdo. Es una cifra relativamente baja, que en parte puede deberse a la insuficiencia de recursos económicos y humanos para implementar los acuerdos con rapidez y eficacia, y no tanto a una falta de compromiso por parte del Gobierno.

Sin embargo, frente a ese bajo porcentaje de lo que ya se ha implementado, hay otras cifras que demuestran que el acuerdo está teniendo algunos resultados positivos. Es el caso de la disminución de la tasa de homicidios en Colombia. Esta pasó a ser una de las más bajas en treinta años, con 24 muertes por cada 100.000 habitantes. Además, el número de personas desplazadas se redujo casi a la mitad, ya que de 91.045 desplazados en 2016 se pasó a 48.335 en 2017, según la Unidad de Víctimas. El número de desplazados ya se había ido reduciendo notablemente los años anteriores, incluso a mayor ritmo: en 2002 la cifra había sido de 757.240 personas; en los siguientes 14 años se produjo un descenso de 47.598 personas de promedio anual, incluidos los 8 años de presidencia de  Álvaro Uribe, que ha sido el gran opositor a los términos del acuerdo de paz.

También el número de víctimas por minas antipersonales se ha reducido: pasó de 72 en 2016 a 58 en 2017, lo que ha ayudado a generar un clima de mayor confianza en las comunidades rurales.

Es importante resaltar que en las zonas que se habían visto más afectadas por el conflicto armado, de acuerdo con lo establecido por el acuerdo de paz, se han podido constituir nuevas compañías que se benefician de los mecanismos previstos para las “zonas más afectadas por el conflicto armado” o Zomac. Sin embargo, esas empresas se encuentran con un entorno complicado, pues aunque las FARC han completado las diversas fases de su desmovilización, como la entrega de armas y la devolución de los menores reclutados, en diversas zonas siguen actuando las disidencias de las FARC y otros grupos dedicados al narcotráfico.

Aunque ha habido algunos avances, queda por delante aún la implementación de la mayor parte del acuerdo. ¿Cómo lo afrontan los dos candidatos presidenciales, Iván Duque y Gustavo Petro?

Duque o Petro

Iván Duque es un abogado y político que ha sido senador de la República por el Centro Democrático, partido encabezado por el expresidente Uribe, gran opositor del acuerdo de paz. Eso ha llevado a muchos a pensar que si Duque llega a la presidencia, dejará en papel mojado el acuerdo de La Habana, sin darle cumplimiento en sus cuatro años de mandato. Su propuesta de gobierno está orientada a mejorar la economía, reduciendo los impuestos de las grandes empresas, financiando el emprendimiento de los jóvenes y privilegiando la inversión. Además, promueve una gran reforma de la justicia colombiana.

Gustavo Petro es economista y político, pero además desmovilizado de la guerrillera del M-19. Es del partido político Movimiento Progresista, de centro izquierda. Petro propone un modelo económico de tonos socialistas que se centra en “cambiar el modelo extractivista” y en potenciar las políticas agrícolas. Los ejes centrales de su propuesta de gobierno están en el ámbito público, garantizado plenamente los derechos a la salud, a la educación de “calidad, pluralista, universal y gratuita”.

Colombia nunca ha elegido a un candidato de izquierda para ser presidente de la República, quizá porque a la izquierda se la identifica con el comunismo y eso la asocia a las FARC. En cualquier caso, Petro no se ha mostrado en contra de los acuerdos de La Habana, y eso le hace atractivo para muchos colombianos que desean preservar lo pactado en el 2016, con la esperanza de terminar el conflicto armado vivido por el país.

Lo cierto es que es difícil dar marcha atrás jurídicamente en el acuerdo de paz, ya que una reforma constitucional estableció que los próximos tres gobiernos están obligados a cumplir lo pactado. Si gana Duque, el acuerdo de paz puede estar sujeto a más cambios, pero de ninguna forma Duque es sinónimo de guerra y Petro de paz. 

Como lo ha expresado Duque, hacer ciertas modificaciones a los acuerdos no es acabarlos. El candidato del Centro Democrático sostiene que el acuerdo debe tener ciertos ajustes que permitan alcanzar una paz “creíble, sostenible y cimentada en la justicia”. De acuerdo con sus propuestas, los principales cambios que impulsaría serían los dos siguientes:

Jurisdicción Especial y participación política

El primero tiene que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ya que Iván Duque en su plan de gobierno busca simplificar el sistema de justicia colombiano, pasando de las seis cortes actuales a solo una, con el propósito de conseguir mayor rapidez y eficacia en los procesos judiciales. Sin embargo, con este cambio el poder puede verse altamente concentrado y centralizado. Una modificación de la JEP prevista en el acuerdo de paz puede causar cierta incertidumbre entre los antiguos guerrilleros, con los que se había acordado cierta indulgencia.

Por otro lado, el gran cambio que podría hacer Duque tiene que ver con la participación política. Cree en que los ex integrantes de las FARC que hayan sido responsables de crímenes de lesa humanidad no pueden llegar al Congreso sin haber cumplido una pena. Duque asegura que no busca acabar con el punto 2 del acuerdo de paz, que habla de la participación política de los ex guerrilleros en el Congreso. Si a un miembro del Congreso se le ratifica una condena por un crimen de este tipo, debería dejar su curul y ser sustituido por alguien de su mismo grupo que no tenga ningún crimen de lesa humanidad.

Aunque en el caso de ganar las elecciones, Gustavo Petro no planteara especiales modificaciones a los acuerdos, sea quien sea el próximo presidente tendrá serios retos en relación al proceso de paz.

Retos más importantes en el próximo mandato presidencial

La presencia de las disidencias de las FARC en zonas fronterizas del país es uno de los retos que tendrá el próximo presidente; no solo por cuestiones de seguridad, sino por su vinculación con la producción de droga, que ha aumentado un 52%. El Gobierno tiene constancia de que alrededor del 10% de la fuerza de combate de las FARC se ha mantenido en la lucha armada, lo que supone un volumen de al menos 700 individuos, si bien otras entidades incluso doblan esa cifra. Esa disidencia actúa en quince diferentes grupos, que se han venido concentrado en zonas del país como Nariño, Norte de Santander y el Cauca. Además, otro de los grupos armados, el ELN (Ejército de Liberación Nacional), ha comenzado a incrementar su presencia en ciertas zonas fronterizas, como el Norte de Santander. Esto, no solo supone una amenaza para la seguridad colombiana sino que además puede detonar una guerra entre grupos guerrilleros y de crimen organizado para por el control del negocio de la producción ilegal de coca y el narcotráfico.

Frente a la presencia aún de grupos armados en parte del territorio colombiano, ambos candidatos defienden el aumento de los efectivos militares en las zonas conflictivas. Sin embargo, frente a la erradicación de los cultivos ilegales, Iván Duque aboga por el uso del glifosato, un fuerte herbicida cuyo empleo es rechazado por Gustavo Petro alegando sus efectos medioambientales. El uso de este químico, algo polémico en Colombia, podría ser asumido como una forma eficaz de acabar con los cultivos ilícitos si su contaminación es contrarrestada, por ejemplo, sembrando nuevos árboles en las zonas que se logre erradicar la producción de coca. En cualquier caso, parte de los ambientalistas han utilizado la imagen negativa del glifosato para pedir el voto para Petro en la segunda vuelta electoral.

Otro de los grandes retos con el cual se va a enfrentar el próximo presidente es el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP es un organismo que está encargado de juzgar a los exguerrilleros. Tiene competencias judiciales y “representa la columna de los acuerdos firmados”. Está compuesta por cinco órganos, cada uno encargado de que se cumplan partes esenciales del acuerdo: “la Sala de Reconcomiendo de Verdad y Responsabilidad, la Sala de Amnistía e Indulto, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, la Unidad de Investigación y acusación, y el tribunal para la Paz”. La JEP es un organismo complejo del depende especialmente el avance el proceso de paz. De hecho, una de las razones de los grandes atrasos que ha sufrido la implementación del acuerdo ha sido la lentitud en la constitución de esta institución, que no comenzó a funcionar hasta el pasado mes de enero. Sin embargo, los obstáculos sufridos por la JEP no solo han tenido que ver con falta de actividad, sino con asuntos como el caso de Jesús Santrich.

Santrich, uno de los jefes guerrilleros, que fue negociador en La Habana por parte de las FARC y recibió uno de los puestos asignados al nuevo partido en el Congreso, resultó arrestado en abril, acusado de participar en un plan para llevar 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Con base en una investigación de la DEA, la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, las autoridades judiciales estadounidenses pidieron su detención y ahora esperan su extradición. Sin embargo, teniendo en cuenta que todos los miembros de las FARC deben ser juzgados por la JEP, y que este organismo no contempla la extradición, Jesús Santrich no podría ser entregado a Estados Unidos. Además, de momento no hay pruebas de cuándo se cometieron los atribuidos crímenes de narcotráfico, por lo que por ahora no se ha podido determinar si ocurrieron antes o después de la creación de la JEP. El ex guerrillero está preso en una cárcel de Bogotá y las FARC insisten en que sea puesto en libertad. El próximo presidente tendrá que determinar cómo proceder con el caso. Esto es además una muestra de que hay lagunas en el acuerdo, lo que genera mucha incertidumbre y da margen para que el próximo presidente pueda tomar varios rumbos.

Más allá de la paz

El próximo 17 de junio, en la segunda vuelta presidencial entre Iván Duque y Gustavo Petro, se decide el futuro de Colombia. Por más de que muchos colombianos creen que se decide entre guerra o paz, es errado decir esto. Como ya fue discutido antes, el acuerdo de paz es muy difícil de retroceder jurídicamente. El fondo de lo pactado debe ser respetado por los próximos tres gobiernos. Aunque sea cierto que con el candidato del Centro Democrático en el poder el acuerdo puede sufrir más modificaciones que las que aplicaría el candidato del Movimiento Progresista, la posibilidad de consolidar la paz sigue estando abierta con cualquiera de los dos. Más allá de la paz, también está en juego el modelo económico y social de la sociedad colombiana. Así la paz sea uno de los temas más importantes, el próximo presidente no debe dejar atrás otros elementos tan relevantes como son la corrupción, la seguridad, el comercio y la economía en el mandato presidencial 2018-2022 de la República de Colombia. La posición de los candidatos frente a estos temas debe también influir en los votantes.

Trump ha mantenido varias de las medidas aprobadas por Obama, pero ha condicionado su aplicación

Donald Trump no ha cerrado la embajada abierta por Barack Obama en La Habana y se ha ajustado a la letra de las normas que permiten solo ciertos viajes de estadounidenses a la isla. Sin embargo, su imposición de no establecer relaciones comerciales o financieras con empresas controladas por el aparato militar-policial cubano ha afectado al volumen de intercambios. Pero ha sido sobre todo su retórica anticastrista la que ha devuelto la relación casi a la Guerra Fría.

▲Barack Obama y Raúl Castro, en el partido de béisbol al que acudieron durante la visita del presidente estadounidense a Cuba, en 2016 [Pete Souza/Casa Blanca]

ARTÍCULO / Valeria Vásquez

Durante más de medio siglo las relaciones entre Estados Unidos y Cuba estuvieron marcadas por las tensiones políticas. Los últimos años de la presidencia de Barack Obama marcaron un significativo cambio con el histórico restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países y la aprobación de ciertas medidas de apertura de Estados Unidos hacia Cuba. La Casa Blanca esperaba entonces que el clima de creciente cooperación impulsara las modestas reformas económicas que La Habana había comenzado a aplicar con antelación y que todo ello trajera con el tiempo transformaciones políticas a la isla.

La falta de concesiones del Gobierno cubano en materia de libertades y derechos humanos, sin embargo, fue esgrimida por Donald Trump para dar marcha atrás, a su llegada al poder, a varias de las medidas aprobadas por su antecesor, si bien ha sido sobre todo su retórica anticastrista la que ha creado un nuevo ambiente hostil entre Washington y La Habana.

Era Obama: distensión  

En su segundo mandato, Barack Obama comenzó negociaciones secretas con Cuba que culminaron con el anuncio en diciembre de 2014 de un acuerdo para el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países. Las respectivas embajadas fueron reabiertas en julio de 2015, dando así por superada una anomalía que databa de 1961, cuando la Administración Eisenhower decidió romper relaciones con el vecino antillano ante la orientación comunista de la Revolución Cubana. En marzo de 2016 Obama se convirtió en el primer presidente estadounidense en visitar Cuba en 88 años.

Más allá de la esfera diplomática, Obama procuró también una apertura económica hacia la isla. Dado que levantar el embargo establecido por EEUU desde hace décadas requería la aprobación del Congreso, donde se enfrentaba a la mayoría republicana, Obama introdujo ciertas medidas liberalizadoras mediante decretos presidenciales. Así, rebajó las restricciones de viaje (apenas cambió la letra de la ley, pero sí relajó su práctica) y autorizó elevar el volumen de compras que los estadounidenses podían hacer en Cuba.

Para Obama, el embargo económico era una política fallida, pues no había logrado su propósito de acabar con la dictadura cubana y, por consiguiente, había prolongado esta. Por ello, apostaba por un cambio de estrategia, con la esperanza de que la normalización de las relaciones –diplomáticas y, progresivamente, económicas– ayudaran a mejorar la situación social de Cuba y contribuyeran, a medio o largo plazo, al cambio que el embargo económico no ha conseguido. Según Obama, este había tenido un impacto negativo, pues asuntos como la limitación del turismo o la poca inversión extranjera directa habían afectado más al pueblo cubano que a la nomenclatura castrista.

Una nueva relación económica

Ante la imposibilidad de levantar el embargo económico a Cuba, Obama optó por decretos presidenciales que abrían algo las relaciones comerciales entre los dos países. Varias medidas iban dirigidas a facilitar un mejor acceso a internet de los cubanos, lo que debiera contribuir a impulsar exigencias democratizadoras en el país. Así, Washington autorizó que empresas de telecomunicaciones americanas establecieran negocios en Cuba.

En el campo financiero, Estados Unidos permitió que sus bancos abrieran cuentas en Cuba, lo que facilitó la realización de transacciones. Además, los ciudadanos cubanos residentes en la isla podían recibir pagos en EEUU y enviarlos de vuelta a su país.

Otra de las medidas adoptadas fue el levantamiento de algunas de las restricciones de viaje. Por requerimiento de la legislación de EEUU, Obama mantuvo la restricción de que los estadounidenses solo pueden viajar a Cuba bajo diversos supuestos, todos vinculados a determinadas misiones: viajes con finalidad académica, humanitaria, de apoyo religioso... Aunque seguían excluidos los viajes puramente turísticos, la falta de control que deliberadamente las autoridades estadounidenses dejaron de aplicar significaba abrir considerablemente la mano.

Además de autorizar las transacciones bancarias relacionadas con dichos viajes, para atender el previsto incremento de turistas se anunció que varias compañías aéreas estadounidenses como JetBlue y American Airlines habían recibido la aprobación para volar a Cuba. Por primera vez en 50 años, a finales de noviembre de 2016 un avión comercial estadounidense aterrizaba en La Habana.

El presidente estadounidense también eliminó el límite de gasto que tenían los visitantes estadounidenses en la compra de productos de uso personal (singularmente cigarros puros y ron). Asimismo, promovió la colaboración en la investigación médica y aprobó la importación de medicinas producidas en Cuba.

Además, Obama revocó la política de “pies secos, pies mojados”, por la que los cubanos que llegaban a suelo de Estados Unidos recibían automáticamente el asilo político, mientras que solo eran devueltos a la isla aquellos que fueran interceptados por Cuba en el mar.

La revisión de Trump

Desde su campaña electoral, Donald Trump mostró señales claras sobre el rumbo que tomarían sus relaciones con Cuba si alcanzaba la presidencia. Trump anunció que revertiría la apertura hacia Cuba llevada a cabo por Obama, y nada más llegar a la Casa Blanca comenzó a robustecer el discurso anticastrista de Washington. El nuevo presidente dijo estar dispuesto a negociar un “mejor acuerdo” con la isla, pero con la condición de que el Gobierno cubano mostrara avances concretos hacia la democratización del país y el respeto de los derechos humanos. Trump planteó un horizonte de elecciones libres y la liberación de prisioneros políticos, a sabiendas de que el régimen cubano no accedería a esas peticiones. Ante la falta de respuesta de La Habana, Trump insistió en sus propuestas previas: mantenimiento del embargo (que en cualquier caso la mayoría republicana en el Congreso no está dispuesta a levantar) y marcha atrás en algunas de las decisiones de Obama.

En realidad, Trump ha mantenido formalmente varias de las medidas de su antecesor, si bien la prohibición de hacer negocios con las compañías controladas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), que dominan buena parte de la vida económica cubana, y el respeto por la letra en las restricciones de viajes han reducido el contacto entre EEUU y Cuba que había comenzado a darse al final de la era Obama.

Trump ha ratificado la derogación de la política de “pies secos, pies mojados” decidida por Obama y ha mantenido las relaciones diplomáticas restablecidas por este (aunque ha paralizado el nombramiento de un embajador). También ha respetado la tímida apertura comercial y financiera operada por el presidente demócrata, pero siempre que las transacciones económicas no sucedan con las empresas vinculadas al Ejército, la inteligencia y los servicios de seguridad cubanos. En tal sentido, el Departamento del Tesoro publicó el 8 de noviembre de 2017 una lista de empresas de esos sectores con los que no cabe ningún tipo de contacto estadounidense.

En cuanto a los viajes, se mantienen los restringidos supuestos para los desplazamientos de estadounidenses a la isla, pero frente a la vista gorda adoptada por la Administración Obama, la Administración Trump exige que los estadounidenses que quieran ir a Cuba deberán hacerlo en tours realizados por empresas americanas, acompañados por un representante del grupo patrocinador y con la obligación de comunicar los detalles de sus actividades. La normativa del Tesoro requiere que las estancias sean en hostales privados (casas particulares), las comidas en restaurantes regentados por individuos (paladares) y se compre en tiendas sostenidas por ciudadanos (cuentapropistas), con el propósito de “canalizar los fondos” lejos del ejercito cubano y debilitar la política comunista.

La reducción de las expectativas turísticas llevó ya a finales de 2017 a que varias aerolíneas estadounidenses hubieran cancelado todos sus vuelos a la isla caribeña. La economía cubana había contado con un gran aumento de turistas de EEUU y sin embargo ahora debía enfrentarse, sin mayores ingresos, al grave problema de la caída de los envíos de petróleo barato de Venezuela.

Futuro de las relaciones diplomáticas

La mayor tensión entre Washington y La Habana, sin embargo, no ha estado en el ámbito comercial o económico, sino en el diplomático. Tras una serie de aparentes “ataques sónicos” a diplomáticos estadounidenses en Cuba, Estados Unidos retiró a gran parte de su personal en Cuba y expulsó a 15 diplomáticos de la embajada cubana en Washington. Además, el Departamento de Estado hizo una recomendación de no viajar a la isla. Si bien no se ha aclarado el origen de esos supuestos ataques, que las autoridades cubanas niegan haber realizado, podría tratarse del efecto secundario accidental de un intento de espionaje, que finalmente habría acabado causando daños cerebrales en las personas objeto de seguimiento.

El futuro de las relaciones entre los dos países dependerá del rumbo que tomen las políticas de Trump y del paso de las reformas que pueda establecer el nuevo presidente cubano. Dado que no se prevén muchos cambios en la gestión de Miguel Díaz-Canel, al menos mientras viva Raúl Castro, el inmovilismo de La Habana en el campo político y económico se seguiría topando probablemente con la retórica antirevolucionaria de Trump.

[Gabriel Tortella, Capitalismo y revolución. Un ensayo de historia económica y social contemporánea. Gadir. Madrid, 2017. 550 páginas]

RESEÑA / Manuel Lamela Gallego

El principal objetivo de este libro es ofrecer una visión extensa de la historia contemporánea, para así hacernos capaces de comprender la maravillosa, y a la vez abrumadora, complejidad del mundo en el que actualmente vivimos. Para la realización de esta tarea la obra cuenta con un verdadero enfoque multidisciplinar, con la historia económica como punto de encuentro y referencia para el resto de ciencias sociales. En consecuencia, el libro nos ofrece un acertado análisis tanto económico como social, pero sin olvidar jamás lo político, factor que el autor considera esencial para la verdadera comprensión de los hechos pasados.

Con esta mirada al pasado para, en los capítulos finales, observar con mayor lucidez y claridad el futuro próximo, Gabriel Tortella completa, mejora y nutre con un mayor número de reflexiones y pensamientos su anterior obra, ”Los orígenes del siglo XX” (2005). Historiador económico de notable vida académica y de reconocimiento internacional, el autor nos obsequia con un estudio ameno que sin duda despertará en el lector el interés por el estudio de la historia contemporánea.

Para ello el autor nos lleva de la mano hasta lo que él denomina como la primera Revolución Mundial (realmente el autor se retrotrae hacia tiempos más remotos para, en un capítulo brillante, explicar el triunfo de Europa y como esta liderará y encabezará este proceso). Este desarrollo histórico lo componen las denominadas revoluciones atlánticas o revoluciones burguesas, encabezadas por Inglaterra (XVII) y Holanda (XVI-XVII) y seguidas por el resto de Europa y el continente americano durante las últimas décadas del siglo XVIII y casi todo el siglo XIX. Finalmente la Revolución Industrial iniciada en las islas Británicas durante el siglo XVIII dará el cierre a esta I Revolución Mundial.

Ya aquí, el autor nos muestra su agudeza como analista histórico al discernir entre revolución burguesa y revolución industrial, concluyendo que se sigue un proceso evolutivo: primero es necesaria una revolución de carácter político que dé como resultados avances tanto a nivel social como a nivel económico, como fue el caso de Inglaterra, con incremento del comercio marítimo, desarrollo del parlamentarismo, cambios en la agricultura... Esto último desembocará finalmente en una Revolución Industrial donde el avance y mejora será total y abarcará todos los ámbitos de la sociedad humana. Esta reflexión explica y cristaliza la situación vivida en Europa durante el siglo XVIII, donde encontrábamos sociedades como la inglesa, prácticamente sumergida en su industrialización, y al mismo tiempo sociedades como la francesa, aún sumida en su revolución burguesa.

El autor marca otro punto de inflexión en el devenir histórico al término de la Belle Époque y el comienzo de la I Guerra Mundial, en 1914. Como hizo anteriormente, nombrará al proceso, iniciado en la primera parte del siglo XX y culminado en su segunda mitad, como la II Revolución Mundial. Cuando el autor habla de revolución de ninguna forma se está refiriendo a la revolución rusa o revolución bolchevique acontecida en 1917, ni tampoco a la serie de totalitarismos surgidos durante el período de entreguerras. Para Gabriel Tortella estos acontecimientos no son más que experiencias monstruosas destinadas a guardar silencio en la papelera de la historia. Cuando el autor habla aquí de revolución se refiere a la consolidación del Estado social-demócrata apoyado en la teoría económica de John Maynard Keynes.

Seguidamente el autor realiza un repaso histórico-económico, llegando hasta la recesión económica acontecida en 2008. El autor concluye explicando el porqué del triunfo del capitalismo: un capitalismo sin duda renovado y moldeado por las diferentes crisis que han acontecido desde 1945. Conclusión que podemos sintetizar en la frase, casi profética, usada por el autor de: “Mañana el Capitalismo” (p. 498).

Tortella destina las últimas páginas de su libro a reflexionar acerca del presente y del tiempo que está por venir. En un balance de los últimos 250 años y alejado de futuros oscuros, nos muestra cómo la humanidad, tras varias décadas de un desarrollo sin precedentes, se encuentra en su máximo esplendor en niveles y condiciones de vida. Pese a este fundado optimismo, el autor también nos advierte de serios problemas a los que la humanidad tendrá que hacer frente para poder seguir adelante en su progreso. La superpoblación y el descontrol demográfico existente en los países del tercer mundo, es considerado por el autor como el gran problema de nuestro tiempo.

The EU has backed down on the project, but Germany still gives support to the Russian initiative

The project of a second set of gas pipelines through the Baltic Sea, in order to transport Russian gas to the European Union without crossing Ukraine, has divided the EU governments. Some Eastern and Central European countries, backed by the United States, argue against any dependency on Russian gas supplies, but Germany keeps its support to the Russian plans.

▲The routes of the Nord Stream and the planned Nord Stream 2 pipelines from Russia to Germany [Gazprom]

ARTICLE / Ane Gil Elorri

The natural gas consumption for nowadays is essential to have basic necessities covered. Therefore, it´s imperative for everyday life. Nevertheless, it goes through a laborious process before it reaches the consumers. The gas needs to be extracted from the land or sea subsurface, and transported, before it reaches its destiny, being pipelines the most common via of transportation.

The EU´s domestic gas production has been declining and the reserves in the North Sea depleted. Therefore, in order to meet demands, the EU has turned to other suppliers; being the most important Russia, Saudi Arabia and Norway. In fact, a lot of countries in the European Union are heavily dependent on Russian imports, especially of natural gas, which often go through transit countries such as Ukraine and Belarus. The decisions are all make through the EU-Russia Energy Dialogue. Russia has the largest gas reserves in the world. With 44,600 billion cubic meters, Russia has 23.9 percent of the world’s currently known gas reserves, followed by Iran (15.8 percent), Qatar (13.5 percent), the United States, and Turkmenistan (4.3 percent each).

The most prominent European energy supply is the Nord Stream Pipelines. Nord Stream are a twin set of pipelines that provide gas transportation capacity for the natural gas, which comes from the Western Russia (Vyborg) into Lubmin, Germany, for the distribution into the European gas grid. This system is composed by a set of 1,224-kilometre pipelines through the Baltic Sea, and each hold the capacity to transport 27.5 billion cubic metres of natural gas a year. Line 1 became operational in November 2011 and by October 8, 2012 the system was fully operational, having taken the construction of these pipelines 30 months.

The desire of a grand-scale gas transport between Russia and the western Europe goes back to the 1970´s, to the contract between a German company (Ruhrgas AG) and Gazprom (national Russian gas company) to supply natural gas. In 2000 the European Commission recognized the need for a pipeline in the Baltic Sea. In December 2005, the North European Gas Pipeline Company was established and by October 4, 2006, the North European Gas Pipeline was officially renamed Nord Stream. It was finally completed and functional in October 2012.

The Nord Stream project was very ambitious. Nevertheless, it was completed on time, on budget, and without permanently impacting the environment. The Nord Stream Pipeline system is fully operational and capable of transporting up to 55 billion cubic metres (bcm) of natural gas every year to Europe.

Now, a new project is developing based on the success of the Nord Stream Pipelines: Nord Stream 2. This project will benefit from the experience of the previous pipeline, which has set a new high for the environmental, technical and safety standards throughout its planning, construction and operation. The idea is to add a new set of twin pipelines along the Baltic Sea route to increase the capacity of gas transportation in order to meet the demands of Europe. In fact, this new pipeline will create a direct link between Gazprom and the European consumers.

The Nord Stream 2 project is implemented by the Nord Stream 2 AG project company, where Gazprom is the sole shareholder. In October 2012, the shareholders of the Nord stream project examined the possibility of constructing a third and fourth pipeline and came to the conclusion that it was economically and technically attainable. In April 2017, Nord Stream 2 AG signed the financing agreements for the Nord Stream 2 gas pipeline project with ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper, and Wintershall. These five European energy companies will provide long-term financing for 50 per cent of the total cost of the project.

The entry point into the Baltic Sea of the twin pipeline will be the Ust-Luga area of the Leningrad Region. Then the pipeline will stretch across the Baltic Sea. Its exit point in Germany will be in the Greifswald area close to the exit point of the original Nord Stream. The route covers over 1,200 kilometres.

The total capacity of the second twin set of pipelines is 55 billion cubic metres of gas per year. Therefore, the sum with the prior pipelines would give an outstanding number of 110 billion cubic metres of gas per year. Nord Stream 2 will be operational before late 2019.

This project is defended with the argument that it supposed a diversification of the routs transporting natural gas to Europe and to elevate the energetic security due to the instability of the transit of gas through Ukraine. For now, a lot of the natural gas consumed by Europe comes from Russia through Ukraine. Nevertheless, if this project goes through, Ukraine will lose 2,000 million dollars for the transit of natural gas, and even the proportion of gas will decrease (which is also for personal use) leading to the collapse and finalization of the transit of natural gas through Ukraine. Furthermore, if Hungary, Slovakia and Poland receive natural gas through the Nord Stream 2 pipelines instead of through Ukraine, it will be very difficult that Ukraine receives gas from the west, seeing as Gazprom along with others controls EUGAL (European Gas Pipeline Link) can reduce the supply of gas to those companies that provide gas to Ukraine.

The cost of 1,000 cubic meters in 100 kilometres through Nord Stream 2 would cost 2,1 million dollars while through Ukraine it costs 2,5 million dollars. The tariff of transportation of natural gas through Nord Stream is 20% lower than through Ukraine.

Only half of the European Union members approve the negotiations between the EU and Russia over the Nord Stream 2 Project. It is true that the natural gas demand of Europe is growing each year but some countries such as the Baltics are against anything that has to do with Russia. Besides the US, thanks to fracking, has become the biggest producer of gas, and is now looking to substitute Russia as the principal gas provider of the EU.

But other countries are in favour of this project. In January 31 this year, Germany gave its permission to begin the construction of the pipelines of Nord Stream 2 in their territorial waters. Berlin also authorized the construction of the section of 55 kilometres that will go through the terrestrial part situated in Lubmin. In April this year, Finland has also given the two permissions needed to begin the construction.

Nevertheless, Gazprom will be facing a few difficulties in order to pull through with this project. The company still needs that other countries, such as Norway, Denmark and Russia, give authorizations and permissions to construct the pipelines in their exclusive economic zone. There is a risk that Denmark doesn’t authorize these new pipelines. The Danish Agency of Energy and the Foreign Office both have to give their approval but can deny the permit if Nord Stream 2 represents a danger for the environment. Another problem is purely political: the European Commission is trying to make the implementation of the project fit with the EU legislation. In November 2017, the European Commission prepared a list of amendments to its energy legislation, known as the Third Energy Package, which will pursue gas pipelines that come from the markets of countries that have the Brussels standards. Because of this, Gazprom won’t be able to be the only shareholder of the Nord Stream 2 project and the pipelines will have to carry gas of other companies that have nothing to do with Gazprom.

Although, as previously mentioned, Nord Stream 2 has already received the two permits necessary in Germany and Finland in order to begin the construction, it seems that not many European countries are in favour of this project. In fact, since this April, the EU and the European Commission have withdrawn their support claiming that Nord Stream 2 does not encourage the diversification of gas supply, and they give more significance to the gas pipelines going through the Ukrainian territory in context of diversification of supply routes.
Other EU countries and of the region, such as Ukraine, Denmark, the Baltic States and Poland, have continuously spoken against Nord Stream 2, claiming that the project will increase Europe’s dependence on imported Russian gas. Nevertheless, German Chancellor Angela Merkel supports this project, considering it to be an economic project which does not pose a threat to EU energy security, has is expected, seeing as the Nord Stream 2 is a joint venture between Russia’s Gazprom, France's Engie, Austria’s OMV AG, the Anglo-Dutch company Royal Dutch Shell, and Uniper and Wintershall, both German.

Nevertheless, the most vocally active countries against this project are the US and Ukraine. On one side, the United States believes that this project would undermine Europe´s overall energy security and stability. It would also provide Russia other ways to pressure European countries, especially Ukraine. The US even threatened the EU firms to be subjected to Countering America´s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA). On the other side, Ukraine’s efforts to prevent the implementation of Nord Stream appears to be futile. They openly stated that this would conclude on the Russian monopoly on the world gas market, which would lead in Europe to an energy crisis and to an economic and political destabilization, and called for the international community to step in. Unfortunately, Germany is as headstrong as ever, stating that underwater pipeline to bring gas from Russia could not go forward without Ukrainian involvement in overland transit.

As the recent expulsion of European diplomats in Moscow shows, the global political relations have worsened considerably in the last few years. In fact, some would say that it the worst condition since the Cold War. This new political situation has had consequences on the Nord Stream 2, causing European countries to oppose to this project. The ultimate defender left standing of the programme is Germany, even the EU has backed down after Ukraine's protest. Ukraine has every right to oppose to this project, seeing as Russia has had nothing more but cold moves towards this country (cut off gas supplies in the middle of winter, Crimea), and is not outrageous to think that this project would ultimately affect the country, specially economically. Therefore, this project does not diversify the sources of natural gas, the first Nord Stream already reached this objective. The second Nord Stream, however, would grant Russia a monopoly of natural gas, which is not recommendable seeing as it would create Europe’s dependence on Russia, and Russia could take advantage of it. Unfortunately, Russia will not give up this project, even with mostly everybody turns against it.

Oportunidades y retos de las relaciones chino-panameñas, a un año del establecimiento de relaciones diplomáticas

En junio de 2016, Panamá inauguró la ampliación de su Canal. En junio de 2017, el gobierno panameño decidió establecer relaciones diplomáticas con China (Centroamérica ha sido un tradicional aliado de Taiwán), dando así pie al flujo de nuevas inversiones chinas en un Canal revitalizado con la ampliación. Cuando se cumple un año del establecimiento de relaciones, he aquí un repaso de las oportunidades y los retos que supone la mayor presencia china en el istmo.

▲Portacontenedores de la naviera china COSCO, haciendo el tránsito número 2.000 en el Canal ampliado, en septiembre de 2017 [Canal de Panamá]

ARTÍCULO / Ximena Barria

En la última década, la República Popular China se ha esforzado por aumentar su presencia en diferentes regiones del mundo. La proyección de China como potencia global ha hecho que ninguna región le resulte ajena y que apenas haya países que no busquen activamente el intercambio comercial con el gigante asiático. Por ello, no es sorpresa que China haya querido aumentar su actividad en torno al Canal de Panamá, y que este país centroamericano haya establecido relaciones diplomáticas con Pekín, rompiendo la tradicional relación con Taiwán.

La privilegiada geografía de Panamá y su rápido crecimiento económico en la región son dos importantes aspectos tenidos en cuenta con por China. El Canal de Panamá ofrece un acceso ventajoso a los océanos Atlántico y Pacífico y por él pasa alrededor de un 6% del comercio marítimo global. En ocasiones se habló del interés chino por construir un canal en Nicaragua, algo que en realidad nunca estuvo en la agenda de Pekín. China ve en Panamá un importante punto geoestratégico desde el que proyectar su política exterior en América Latina, lo que sin duda intranquiliza a Washington.

El 13 de junio de 2017, la República de Panamá y la República Popular China anunciaron el establecimiento de relaciones diplomáticas. Con ello, Panamá reconocía al gobierno de Pekín como como gobierno legítimo chino y rompía las previas relaciones diplomáticas establecidas con Taipéi. Las nuevas relaciones chino-panameñas dieron paso a 19 acuerdos en diversas áreas.

Proyectos chinos en el istmo

En un país especialmente abierto al comercio y las transacciones de todo tipo como es Panamá, la población de origen chino siempre ha tenido una relativa presencia. La comunidad china en Panamá está integrada por unas 135.000 personas, lo que supone un 4% de sus 4 millones de habitantes.

Desde 1911, Panamá había mantenido relaciones diplomáticas con China. No obstante, tras la derrota del Partido Nacionalista Chino y la victoria del comunismo de Mao Zedong el Estado panameño decidió mantener relaciones diplomáticas con Taiwán, por su postura capitalista, durante la Guerra Fría. Desde 1949, Panamá se mantuvo como uno de los mayores aliados de Taiwán hasta su ruptura en 2017.  

A pesar del reconocimiento a Taipéi, las relaciones comerciales entre Panamá y la República Popular China fueron en aumento los últimos años, generando un volumen de intercambio mayor que el registrado entre el país centroamericano y Taiwán.

El motor económico más importante de Panamá es el Canal, que une los océanos Atlántico y Pacífico y constituye una de las rutas más importantes del comercio mundial. Los ingresos procedentes del Canal generan una tercera parte del Producto Interno Bruto panameño.  Con el transcurso de los años, China se ha convertido en un importante cliente del Canal, pasando a ser su segundo mayor usuario después de Estados Unidos. El primer barco que atravesó el Canal ampliado, en la inauguración celebrada en junio de 2016, fue justamente un buque de la naviera china COSCO, al que le correspondió tal honor por sorteo.

China es el máximo proveedor de la Zona Libre de Colón (ZLC), localizada en el litoral caribeño de Panamá, junto a la boca norte del Canal. Es la zona franca más importante de América y la segunda del mundo, con un volumen anual de importaciones y reexportaciones de $16.160 millones. En el primer semestre de 2017, la ZLC importó mercancías de China por valor de $1.344 millones. Asimismo, importantes empresas chinas han buscado establecerse en la ZLC aprovechando las ventajas estratégicas que ofrece.

China también ha anunciado la construcción de un puerto de contenedores en el área de Colón, que tendrá instalaciones para la recepción de gas natural licuado. La construcción proyectada tiene un coste estimado de $900 millones. La construcción resultará en la primera terminal de contenedores diseñados para manejar los barcos Neopanamax, que poseen las dimensiones máximas para transitar el canal.

En el ámbito de las comunicaciones, la República Popular China expresó su interés en la realización de una infraestructura ferroviaria que conecte la capital de Panamá y la provincia de Chiriquí, recorriendo una distancia de cuatrocientos kilómetros. En cuanto al transporte aéreo, la aerolínea Air China se comprometió a realizar la ruta Ciudad de Panamá-Pekín dos veces a la semana. Panamá cuenta con el hub aéreo más importante de América Latina y tener un vuelo directo a Pekín supone una importante oportunidad para acercar los mercados asiáticos a América Latina.

Además, Panamá dispone de un importante y diversificado centro financiero que resulta atractivo para los bancos chinos como puerta estratégica para establecerse en la región. La presencia de Bank of China, con más de 30 años en el país, y futuros establecimientos de otras entidades como el Banco Industrial y Comercial, Exim Bank y China Development Bank contribuirán a aumentar el flujo de capitales chinos hacia Panamá. A su vez, esto diversificará y hará cada vez más dinámico el sector bancario panameño.

El reto panameño de aprovechar la oportunidad

Conseguir que esta mayor relación con China y el mercado asiático beneficie estructuralmente a Panamá y no degenere en una futura situación de dependencia presenta importantes retos para un país que está en vías de desarrollo. Panamá deberá aumentar la productividad en sectores como el agropecuario y la industria, capacitar más personal y crear un marco transparente de instituciones financieras.

El sector agropecuario presenta dificultades de comercialización y una ausencia de políticas agrícolas que permitan producir y vender cultivos a precios justos. En los últimos años, ha habido un déficit de tierras para fines de comercialización de cultivos a consecuencia de las sequías e inundaciones. Otro reto son las importaciones de alimentos, ya que muchos productos extranjeros importados son más baratos y eso provoca una caída en los precios de los productos nacionales que hace que su producción no sea rentable para el agricultor.

El aumento de la productividad industrial va de la mano del esfuerzo de formación de un mejor capital humano. Actualmente, en la república panameña hay falta de preparación de personas que pueden manejar importantes empresas. En 2015, el número de matriculados en las universidades alcanzó solamente un escaso número de 160.000 estudiantes. El gobierno panameño deberá impulsar proyectos de formación técnica y becas para incrementar ese número con el fin de que a largo plazo haya más personal capacitado para las nuevas empresas que arribarán.  

La estructura financiera panameña también deberá prepararse para crear nuevas legislaciones que contribuyan a dar seguridad jurídica. Con el fin de armonizar el sector financiero con los convenios internacionales contra el lavado de dinero, el gobierno panameño deberá establecer reformas tributarias que impulsen la transparencia fiscal. Las entradas de bancos extranjeros deberán regularse con mayor efectividad. El debate de considerar tipificar la evasión de impuestos como delito fiscal presentará un importante reto que el país deberá considerar.

ENSAYO / Alejandro Palacios

Las revueltas violentas en Nicaragua, la guerra en Siria o la situación en Yemen son ejemplos de algunos de los episodios más cruentos que se están viviendo alrededor del mundo. Tales episodios están, en su mayoría, agravados por la mentalidad disgregadora que impera en buena parte de las sociedades a nivel mundial. El fomento de una cultura de paz inclusiva es uno de los retos que plantea el sociólogo y matemático noruego Johan Galtung.

Johan Galtung es considerado, debido su larga trayectoria y amplia experiencia académica, como uno de los mejores expertos en el tema de la resolución alternativa de conflictos. Además, ha sido el fundador de dos de las instituciones más renombradas en el campo de la resolución de conflictos, como son el Instituto Internacional de Investigación de la Paz en Oslo (1959) y la Revista de Investigación sobre la Paz (1964). Por ello, sus libros y ensayos han tenido amplio eco en la comunidad de expertos en esta materia. Aquí nos vamos a centrar especialmente en su obra “Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación y resolución”, publicada en 1999 y aún hoy de gran vigencia, pues arroja luz sobre las causas del conflicto y sus posibles soluciones.

Su tesis principal es que el conflicto es innato en la sociedad en tanto que existen una serie de recursos limitados y los intereses se solapan, sin embargo, el que éstos deriven en violencia depende de la voluntad de cada cual. En sus propias palabras: “La violencia no es como el comer o las relaciones sexuales, que se encuentran por todo el mundo con ligeras variaciones”. Es por ello, que el autor rechaza la tesis de Hobbes en la famosa frase “Homo homini lupus”, es decir, que el hombre, en su estado de naturaleza, tiende a su extinción. A partir de este punto Galtung proporciona una serie de aspectos que el trabajador por la paz debe tener en cuenta para la correcta resolución de un conflicto.

Galtung hace énfasis en la necesidad de un profundo análisis del conflicto con el fin de entender su multidimensionalidad. De otra manera, el trabajador por la paz podría hacer un diagnóstico erróneo del mismo. Él lo expresa así: “Uno de los problemas es no comprender que el conflicto tiene una dimensión más amplia. Por ello, a veces se le puede no estar dando el tratamiento adecuado (como si el médico dijera que una inflamación del tobillo es una enfermedad del tobillo y no una disfunción cardiaca // o el hambre como insuficiente ingestión en la comida y no un problema social)”.

Para hacer esta tarea algo más sencilla, Galtung nos proporciona dos triángulos de la violencia, que se relacionan entre sí. El primero es el triángulo ABC: Actitudes adoptadas frente al conflicto o peace-making; conductas adoptadas o peace-keeping; y contradicción subyacente en el conflicto (de raíz) o peace-building. El segundo triángulo nos indica que hay dos tipos de violencia: la visible y la invisible. La visible es la violencia directa y la invisible es la violencia cultural (que causa o alimenta a la directa) y estructural. Es por ello que el autor insiste en la importancia del fomento de una cultura de paz en la cual predominen mecanismos pacíficos para resolver un conflicto sin recurrir a la violencia, es decir, una cultura basada en la no violencia, la empatía y la creatividad (para ir más allá de las estructuras mentales de las partes en un conflicto). Así, la llamada regla de oro “No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti”, dice, es una buena forma de empezar a forjar dicha cultura. Aunque esta, asegura, tiene un problema: que los gustos son distintos.

La política, según Galtung, puede ayudar a crear esta cultura que él estima esencial para evitar en la medida de lo posible la violencia. Galtung considera la democracia como mejor sistema para crear lo que él llama una “cultura de paz”. Sin embargo, él mismo realiza una serie de críticas a este sistema político. En primer lugar, asegura que la democracia equivale a la dictadura del 51% frente al resto. Esto es algo que, sin embargo, está mitigado gracias a los derechos humanos, como él mismo reconoce. En segundo lugar, el autor asegura que la suma de todas las democracias no es la democracia universal. Una acción que afecte a otros Estados no tiene legitimidad solo por haber sido adoptada democráticamente (algo mitigado por las organizaciones internacionales, pero que puede derivar en la situación descrita en primer lugar). La conclusión que se extrae de todo esto es que la democracia conlleva un cierto grado de violencia estructural, pero menor que con otros sistemas de gobierno.

Por último, Galtung realiza una comparación entre la forma occidental y la oriental de resolver una controversia desde la perspectiva de la dimensión temporal de un conflicto. Mientras que la occidental hace uso de un enfoque diacrónico del tiempo, es decir, a lo largo del tiempo, la oriental hace uso de un enfoque sincrónico del mismo, o sea, al mismo tiempo. En resumen, la perspectiva oriental trabaja en las tres áreas de resolución, reconciliación y reconstrucción (las 3R) sucesivamente y no una detrás de otra, como hace el mundo occidental.

Los expertos en materia de conflictos establecen una clara distinción entre tres tipos de conflictos. Por un lado tenemos la violencia directa personal (verbal o física); la violencia estructural indirecta (explotación política y económica); por último, está la violencia cultural. En concreto, el economista inglés Kenneth Boulding critica el análisis de Galtung sobre la base de que éste analiza los conflictos desde una perspectiva únicamente estructuralista. De esta manera, se critica, por un lado, que el método utilizado es muy taxonómico, ya que, según Boulding, “la taxonomía es una comodidad de la mente humana en lugar de una descripción de la realidad”. Por otro lado, se critica el énfasis que Galtung pone en la igualdad, en contraposición con las jerarquías, para la mitigación de conflictos, pues, según el británico, Galtung no tiene en cuenta que dicha igualdad tiene consecuencias negativas en cuanto a la calidad de vida y la libertad.