La detención de Barakat, un importante operador financiero del grupo, fue posible gracias a la colaboración de Argentina, Paraguay y Brasil

• En enero de 2018 la Administración Trump reconstituyó una unidad de investigación sobre Hezbolá y en octubre etiquetó al grupo de organización criminal transnacional

• La llegada a la presidencia de Abdo Benítez en Asunción y Jair Bolsonaro en Brasilia ha activado la acción contra el narcotráfico, lavado de dinero y contrabando en el área

• Assad Ahmad Barakat y una quincena de miembros de su clan fueron detenidos a lo largo de 2018, en un “hito significativo” de la acción contra Hezbolá en Latinoamérica

▲ Puente de la Amistad, que une la población paraguaya de Ciudad del Este con la brasileña Foz de Iguazú [BienvenidoaParaguay.com]

Informe SRA 2019 / Lisa Cubías [Versión en PDF]

Las acciones de presión sobre Hezbolá han aumentado significativamente en el Hemisferio Occidental en el último año. Tanto Estados Unidos como los países de la Triple Frontera –espacio limítrofe entre Argentina, Brasil y Paraguay, que cobija una densa red de financiación de la organización­– han tomado algunas medidas que, con diferente grado de compromiso gubernamental, han llevado a la detención de diversas personas y al desbaratamiento de sus estructuras de blanqueo de capitales.

En el caso de EEUU, el relevo en la Administración supuso un cambio de política. Algunos testimonios de funcionarios de la era Obama han sugerido que la anterior presidencia tuvo un trato blando respecto a las actividades en el continente por parte de Hezbolá, organización chií libanesa con una doble faceta política y militar. El propósito de esto habría sido evitar inconvenientes en la negociación de desnuclearización con Irán, uno de los pilares de apoyo más notorios de la organización. Así, la Administración Obama habría dificultado los esfuerzos para implementar el “Proyecto Casandra”, desarrollado por la DEA, la agencia antinarcóticos estadounidense, para descubrir las fuentes del financiamiento que Hezbolá obtiene en América Latina para sus actividades ilícitas.

El “Proyecto Casandra”, ampliamente expuesto por la publicación Politico a finales de 2017, dio cierto fruto a pesar de esa supuesta interferencia, negada por otros funcionarios de la Administración Obama. En marzo 2017 se capturó a Kassim Tajideen, un importante financista de la organización terrorista, quien se declaró culpable en diciembre de 2018. En junio de 2017, el paraguayo Ali Issa Chamas, fue extraditado a EEUU para enfrentar cargos por conspiración para traficar drogas.

El cambio en la Casa Blanca, en cualquier caso, llevó a que tras el desmantelamiento de algunos equipos de investigación que se había producido la Administración Trump reinstaurara el esfuerzo contra Hezbolá. De esta forma, en enero de 2018 el Departamento de Justicia anunció la creación de una unidad de investigación específica denominada Equipo de Financiación y Narcoterrorismo de Hezbolá, y más delante, en octubre, designó a Hezbolá como organización criminal transnacional, al considerar sus actividades de narcotráfico y lavado de activos, más allá de la etiqueta de organización terrorista que EEUU ya le otorgaba.

Por su parte, a lo largo de 2018 el Departamento del Tesoro procedió a la inclusión de 31 individuos y entidades relacionados con Hezbolá en su lista de sanciones, entre ellos el financiero libanés Adham Tabaja, mientras que el Departamento de Estado designó en noviembre como terrorista a Jawad Nasralá, hijo de líder de Hezbolá, Hassan Nasralá, e impuso sanciones a varios miembros iraquíes de la organización.

Esas acciones han afectado básicamente a operativos residentes en Oriente Medio, pero apenas han incidido en la estructura de Hezbolá en la Triple Frontera o en Venezuela, lugares señalados por la Administración como sitios de implantación de esa organización. Así, el subsecretario del Tesoro para la Financiación Terrorista, Marshall Billingslea, habló a finales de octubre de una “profunda y sustancial huella” de Hezbolá en el Hemisferio Occidental, con una “muy robusta presencia” en la Triple Frontera, mientras que el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha subrayado varias veces la relación entre el régimen de Nicolás Maduro y Hezbolá, afirmando en febrero de 2019 que en Venezuela existen “células activas” de ese grupo.

Acción en la triple Frontera

No obstante, los esfuerzos tanto de la Administración Trump como de los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay, en diferente medida, llevaron a una importante operación en 2018 en el Triple Frontera, la más significativa en mucho tiempo: la detención de Assad Ahmad Barakat, considerado como uno de los principales operativos de Hezbolá en la zona, quien ya había sido sancionado por el Tesoro estadounidense en 2004. Para el experto Joseph Humire, esa constituyó “un hito significativo en el esfuerzo regional contra el terrorismo y los crímenes transnacionales practicados por Hezbolá en América Latina”.

Según los también expertos Emanuelle Ottolenghi y José Luis Stein, tres factores han llevado a este nuevo énfasis sobre el riesgo que supone Hezbolá. En primer lugar, las pistas de que los fondos que el grupo obtiene de sus redes de financiación en Latinoamérica han crecido notablemente, tanto porque sus necesidades han aumentado como porque las sanciones de EEUU sobre Irán pueden estar restringiendo el apoyo económico prestado por el régimen iraní. En segundo lugar, Washington está actuando ante el mayor utilización de su sistema financiero por parte de los montos generados para Hezbolá en Latinoamérica. Y en tercer lugar, la mayor reacción de Brasilia, Asunción y Paraguay obedece a los cambios de gobierno operados: abril de 2018 Abdo Benítez fue elegido presidente de Paraguay y en octubre Jair Bolsonaro ganó las elecciones de Brasil (ya previamente Mauricio Macri había sustituido a Cristina Fernández de Kirchner en la Casa Rosada).

Los inicios de Hezbolá en América Latina están directamente relacionados con la guerra civil en el Líbano, la cual suscitó en la década de 1980 una ola de migración hacia el continente americano, particularmente Sudamérica y sobre todo en áreas de fácil comercio, como es la Triple Frontera, donde se encuentra una de las mayores zonas francas del continente. Las conexiones familiares y de procedencia sirvieron al grupo, mediante elementos infiltrados, para desarrollar actividades de reclutamiento, obtención de fondos y lavado de dinero.

No fue hasta 1994, sin embargo, que la presencia de Hezbolá en América Latina se volvió notoria. Ese año se produjo el ataque contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas. Aunque inicialmente fue reivindicado por un grupo islámico desconocido, pronto las investigaciones llevaron a la Triple Frontera y apuntaron a Hezbolá. También entonces se sospechó que esa organización pudo haber estado detrás del ataque dos años antes contra la embajada de Israel en la capital argentina, donde murieron 22 personas. Todo indica que en ambos casos la Triple Frontera fue aprovechada para la logística de los ataques y refugio de los perpetradores.

De ahí que las últimas operaciones de seguridad realizadas en esa zona tengan especial importancia. A requerimiento de EEUU, la policía de Paraguay detuvo en mayo de 2018 a Nader Mohamad Fahrat y un mes después a Mahmoud Ali Barakat, ambos por narcotráfico y lavado de dinero, en lo que sería un año especialmente concentrado en el clan liderado por Assad Ahmad Barakat. En julio, la Unidad de Información Financiera de Argentina congeló los activos de 14 libaneses (once con residencia en Brasil y tres en Paraguay), todos ellos pertenecientes al clan. Esa red habría lavado dinero y evadido divisas por valor de 10 millones de dólares en un casino de la ciudad fronteriza argentina de Puerto Iguazú. En agosto la Fiscalía de Paraguay dictó una orden de captura del jefe del clan, alegando el uso de un pasaporte paraguayo falso. Assad Ahmad Barakat, fue detenido en septiembre por la policía brasileña. En Paraguay y Argentina miembros del clan fueron arrestados, jugados y condenados por crímenes de lavado de dinero, contrabando, evasión de productos y narcotráfico.

The struggle for power has already started in the Islamic Republic in the midst of US sanctions and ahead a new electoral cycle

▲ Ayatollah Ali Khamenei speaking to Iranian Air Force personnel, in 2016 [Wikipedia]

ANALYSIS / Rossina Funes and Maeve Gladin

The failing health of Supreme Leader Sayyid Ali Hosseini Khamenei, 89, brings into question the political aftermath of his approaching death or possible step-down. Khamenei’s health has been a point of query since 2007, when he temporarily disappeared from the public eye. News later came out that he had a routine procedure which had no need to cause any suspicions in regards to his health. However, the question remains as to whether his well-being is a fantasy or a reality. Regardless of the truth of his health, many suspect that he has been suffering prostate cancer all this time. Khamenei is 89 years old –he turns 80 in July– and the odds of him continuing as active Supreme Leader are slim to none. His death or resignation will not only reshape but could also greatly polarize the successive politics at play and create more instability for Iran.

The next possible successor must meet certain requirements in order to be within the bounds of possible appointees. This political figure must comply and follow Khamenei’s revolutionary ideology by being anti-Western, mainly anti-American. The prospective leader would also need to meet religious statues and adherence to clerical rule. Regardless of who that cleric may be, Iran is likely to be ruled by another religious figure who is far less powerful than Khamenei and more beholden to the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). Additionally, Khamenei’s successor should be young enough to undermine the current opposition to clerical rule prevalent among many of Iran’s youth, which accounts for the majority of Iran’s population.

In analyzing who will head Iranian politics, two streams have been identified. These are constrained by whether the current Supreme Leader Khamenei appoints his successor or not, and within that there are best and worst case scenarios.

Mahmoud Hashemi Shahroudi

Mahmoud Hashemi Shahroudi had been mentioned as the foremost contender to stand in lieu of Iranian Supreme Leader Khamenei. Shahroudi was a Khamenei loyalist who rose to the highest ranks of the Islamic Republic’s political clerical elite under the supreme leader’s patronage and was considered his most likely successor. A former judiciary chief, Shahroudi was, like his patron, a staunch defender of the Islamic Revolution and its founding principle, velayat-e-faqih (rule of the jurisprudence). Iran’s domestic unrest and regime longevity, progressively aroused by impromptu protests around the country over the past year, is contingent on the political class collectively agreeing on a supreme leader competent of building consensus and balancing competing interests. Shahroudi’s exceptional faculty to bridge the separated Iranian political and clerical establishment was the reason his name was frequently highlighted as Khamenei’s eventual successor. Also, he was both theologically and managerially qualified and among the few relatively nonelderly clerics viewed as politically trustworthy by Iran’s ruling establishment. However, he passed away in late December 2018, opening once again the question of who was most likely to take Khamenei’s place as Supreme Leader of Iran.

However, even with Shahroudi’s early death, there are still a few possibilities. One is Sadeq Larijani, the head of the judiciary, who, like Shahroudi, is Iraqi born. Another prospect is Ebrahim Raisi, a former 2017 presidential candidate and the custodian of the holiest shrine in Iran, Imam Reza. Raisi is a student and loyalist of Khamenei, whereas Larijani, also a hard-liner, is more independent.

1. MOST LIKELY SCENARIO,  REGARDLESS OF APPOINTMENT

1.1 Ebrahim Raisi

In a more likely scenario, Ebrahim Raisi would rise as Iran’s next Supreme Leader. He meets the requirements aforementioned with regards to the religious status and the revolutionary ideology. Fifty-eight-years-old, Raisi is a student and loyal follower of the current Supreme Leader Ayatollah Khamenei. Like his teacher, he is from Mashhad and belongs to its famous seminary. He is married to the daughter of Ayatollah Alamolhoda, a hardline cleric who serves as Khamenei's representative of in the eastern Razavi Khorasan province, home of the Imam Reza shrine.

Together with his various senior judicial positions, in 2016 Raisi was appointed the chairman of Astan Quds Razavi, the wealthy and influential charitable foundation which manages the Imam Reza shrine. Through this appointment, Raisi developed a very close relationship with the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), which is a known ideological and economic partner of the foundation. In 2017, he moved into the political sphere by running for president, stating it was his "religious and revolutionary responsibility". He managed to secure a respectable 38 percent of the vote; however, his contender, Rouhani, won with 57 percent of the vote. At first, this outcome was perceived as an indicator of Raisi’s relative unpopularity, but he has proven his detractors wrong. After his electoral defeat, he remained in the public eye and became an even more prominent political figure by criticizing Rouhani's policies and pushing for hard-line policies in both domestic and foreign affairs. Also, given to Astan Quds Foundation’s extensive budget, Raisi has been able to secure alliances with other clerics and build a broad network that has the ability to mobilize advocates countrywide.

Once he takes on the role of Supreme Leader, he will continue his domestic and regional policies. On the domestic front, he will further Iran's Islamisation and regionally he will push to strengthen the "axis of resistance", which is the anti-Western and anti-Israeli alliance between Iran, Syria, Hezbollah, Shia Iraq and Hamas. Nevertheless, if this happens, Iran would live on under the leadership of yet another hardliner and the political scene would not change much. Regardless of who succeeds Khamenei, a political crisis is assured during this transition, triggered by a cycle of arbitrary rule, chaos, violence and social unrest in Iran. It will be a period of uncertainty given that a great share of the population seems unsatisfied with the clerical establishment, which was also enhanced by the current economic crisis ensued by the American sanctions.

1.2 Sadeq Larijani

Sadeq Larijani, who is fifty-eight years old, is known for his conservative politics and his closeness to the supreme guide of the Iranian regime Ali Khamenei and one of his potential successors. He is Shahroudi’s successor as head of the judiciary and currently chairs the Expediency Council. Additionally, the Larijani family occupies a number of important positions in government and shares strong ties with the Supreme Leader by being among the most powerful families in Iran since Khamenei became Supreme Leader thirty years ago. Sadeq Larijani is also a member of the Guardian Council, which vetos laws and candidates for elected office for conformance to Iran’s Islamic system.

Formally, the Expediency Council is an advisory body for the Supreme Leader and is intended to resolve disputes between parliament and a scrutineer body, therefore Larijani is well informed on the way Khamenei deals with governmental affairs and the domestic politics of Iran. Therefore, he meets the requirement of being aligned with Khamenei’s revolutionary and anti- Western ideology, and he is also a conservative cleric, thus he complies with the religious figure requirement. Nonetheless, he is less likely to be appointed as Iran’s next Supreme Leader given his poor reputation outside Iran. The U.S. sanctioned Larijani on the grounds of human rights violations, in addition to “arbitrary arrests of political prisoners, human rights defenders and minorities” which “increased markedly” since he took office, according to the EU who also sanctioned Larijani in 2012. His appointment would not be a strategic decision amidst the newly U.S. imposed sanctions and the trouble it has brought upon Iran. Nowadays, the last thing Iran wants is that the EU also turn their back to them, which would happen if Larijani rises to power. However it is still highly plausible that Larijani would be the second one on the list of prospective leaders, only preceded by Raisi.

2. LEAST LIKELY SCENARIO: SUCCESSOR NOT APPOINTED

2.1 Islamic Revolutionary Guard Corps

The IRGC’s purpose is to preserve the Islamic system from foreign interference and protect from coups. As their priority is the protection of national security, the IRGC necessarily will take action once Khamenei passes away and the political sphere becomes chaotic. In carrying out their role of protecting national security, the IRGC will act as a support for the new Supreme Leader. Moreover, the IRGC will work to stabilize the unrest which will inevitably occur, regardless of who comes to power. It is our estimate that the new Supreme Leader will have been appointed by Khamenei before death, and thus the IRGC will do all in their power to protect him. In the unlikely case that Khamenei does not appoint a successor, we believe that there are two unlikely options of ruling that could arise.

The first, and least likely, being that the IRGC takes rule. Moreover, it is highly unlikely that the IRGC takes power. This would violate the Iranian constitution and is not in the interest to rule the state. What they are interested in is having a puppet figure who will satisfy their interests. As the IRGC's main role is national security, in the event that Khamenei does not appoint a successor and the country goes into political and social turmoil, the IRGC will without a doubt step in. This military intervention will be one of transitory nature, as the IRGC does not pretend to want direct political power. Once the Supreme Leader is secured, the IRGC will go back to a relatively low profile.

In the very unlikely event that a Supreme Leader is not predetermined, the IRGC may take over the political regime of Iran, creating a military dictatorship. If this were to happen, there would certainly be protests, riots and coups. It would be very difficult for an opposition group to challenge and defeat the IRGC, but there would be attempts to overcome it. This would be a regime of temporary nature, however, the new Supreme Leader would arise from the scene that the IRGC had been protecting.

2.2 Mohsen Kadivar

In addition, political dissident and moderate cleric Mohsen Kadivar is a plausible candidate for the next Supreme Leader. Kadivar’s rise to political power in Iran would be a black swan,  as it is extremely unlikely, however, the possibility should not be dismissed. His election would be highly unlikely due to the fact that he is a vocal critic of clerical rule and has been a public opposer of the Iranian government. He has served time in prison for speaking out in favor of democracy and liberal reform as well as publicly criticizing the Islamic political system. Moreover, he has been a university professor of Islamic religious and legal studies throughout the United States. As Kadivar goes against all requirements to become successor, he is highly unlikely to become Supreme Leader. It is also important to keep in mind that Khamenei will most likely appoint a successor, and in that scenario, he will appoint someone who meets the requirements and of course is in line with what he believes. In the rare case that Khamenei does not appoint a successor or dies before he gets the chance to, a political uprising is inevitable. The question will be whether the country uprises to the point of voting a popular leader or settling with someone who will maintain the status quo.

In the situation that Mohsen Kadivar is voted into power, the Iranian political system would change drastically. For starters, he would not call himself Supreme Leader, and would instill a democratic and liberal political system. Kadivar and other scholars which condemn supreme clerical rule are anti-despotism and advocate for its abolishment. He would most likely establish a western-style democracy and work towards stabilizing the political situation of Iran. This would take more years than he will allow himself to remain in power, however, he will probably stay active in the political sphere both domestically as well as internationally. He may be secretary of state after stepping down, and work as both a close friend and advisor of the next leader of Iran as well as work for cultivating ties with other democratic countries.

2.3 Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei

Khamenei's son, Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei is also rumored to be a possible designated successor. His religious and military experience and dedication, along with being the son of Khamenei gives strong reason to believe that he may be appointed Supreme Leader by his father. However, Mojtaba is lacking the required religious status. The requirements of commitment to the IRGC as well as anti-American ideology are not questioned, as Mojtaba has a well-known strong relationship with the Islamic Revolutionary Guard Corps. Mojtaba studied theology and is currently a professor at Qom Seminary in Iran. Nonetheless, it is unclear as to whether Mojtaba’s religious and political status is enough to have him considered to be the next Supreme Leader. In the improbable case that Khamenei names his son to be his successor, it would be possible for his son to further commit to the religious and political facets of his life and align them with the requirements of being Supreme Leader.

This scenario is highly unlikely, especially considering that in the 1979 Revolution, monarchical hereditary succession was abolished. Mojtaba has already shown loyalty to Iran when taking control of the Basij militia during the uproar of the 2009 elections to halt protests. While Mojtaba is currently not fit for the position, he is clearly capable of gaining the needed credentials to live up to the job. Despite his potential, all signs point to another candidate becoming the successor before Mojtaba.

3. PATH TO DEMOCRACY

Albeit the current regime is supposedly overturned by an uprising or new appointment by the current Supreme Leader Khamenei, it is expected that any transition to democracy or to Western-like regime will take a longer and more arduous process. If this was the case, it will be probably preceded by a turmoil analogous to the Arab Springs of 2011. However, even if there was a scream for democracy coming from the Iranian population, the probability that it ends up in success like it did in Tunisia is slim to none. Changing the president or the Supreme Leader does not mean that the regime will also change, but there are more intertwined factors that lead to a massive change in the political sphere, like it is the path to democracy in a Muslim state.

Las autoridades panameñas registraron en 2018 el tránsito de 2.100 personas “de interés” para Washington

• De los 8.445 migrantes ilegales localizados en Darién (un aumento del 20% en dos años), el 91% procedía de Asia y África, con el objetivo en su mayoría de alcanzar EEUU

• El Comando Sur estadounidense desplazó helicópteros en enero y febrero de 2019 para mejorar las capacidades de vigilancia de la densa zona selvática

• La constatación de la presencia de SIA en las caravanas centroamericanas de migrantes del pasado otoño lleva a Washington a poner especial interés en el Tapón de Darién

Informe SRA 2019 / Alex Puigrefagut [Versión en PDF]

Uno de los iconos más conocidos en el continente americano es la Ruta Panamericana: una red de carreteras que va de Argentina a Estados Unidos e incluso permite llegar hasta Alaska. Entre un extremo y otro solo hay un punto en el que hay que apearse del automóvil: 130 kilómetros de espesa vegetación entre Panamá y Colombia, realmente infranqueable, incluso difícil de atravesar a pie. Es la selva de Darién, que por esas características es conocida como el Tapón de Darién.

Justamente por bloquear el tránsito por tierra entre Sudamérica y América Central, tradicionalmente ha sido una área de escasa vigilancia a efectos de flujos migratorios. Esa falta de monitoreo, sin embargo, ha supuesto los últimos años un efecto llamada de una inmigración ilegal llegada fundamentalmente de Asia y África que preocupa a Estados Unidos. Muchos de esos inmigrantes son catalogados por Washington como Extranjeros de Interés Especial (SIA por su siglas en inglés), por proceder de países que, según EEUU, muestran una tendencia a promover, producir o proteger organizaciones criminales, mayormente terroristas. Si emergen en Panamá, fácilmente pueden utilizar las rutas migratorias centroamericanas hasta EEUU, como ha quedado denunciado en la reciente crisis de las caravanas que partieron de Honduras.

El Servicio Nacional de Migración de Panamá registró el paso por Darién de 8.445 inmigrantes ilegales en 2018 (a falta de computar el mes de diciembre), de los cuales 5.400 procedían de Asia y 2.287 de África, que conjuntamente suponían el 91% de todo el contingente. Se trata de un incremento del 20% en dos años. De ellos, 2.123 eran nacionales de países que EEUU ve como posible amenaza terrorista: la mayoría eran de Bangladesh (1.440), pero también de Eritrea (418), Pakistán (151), Yemen (34), Somalia (32), Afganistán (10), Irak (10), Mauritania (10), Siria (7) y Egipto (2). A finales de 2017 el Servicio Nacional de Fronteras panameño detuvo a 26 ciudadanos de Yemen con presunta vinculación a grupos terroristas.

Ese flujo migratorio de personas etiquetadas como SIA por Washington ya fue alertado en 2016 por el Departamento de Seguridad Interior de EEUU, que envió un memorándum a las autoridades fronterizas estadounidenses para que estuvieran vigilantes.

Con la atención puesta en Darién, en junio de 2018 EEUU y Panamá acordaron establecer una Fuerza de Tarea Conjunta sobre Migración (JMTF por su siglas en inglés), con el objetivo de asegurar una coordinación más efectiva y completa para abordar la inmigración ilegal y no controlada en la región. Las autoridades de seguridad de ambas administraciones priorizaron actuar contra el narcotráfico y otras clases de delincuencia organizada que pudieran suponer una amenaza para la seguridad tanto de Panamá y EEUU como para la región en su totalidad. En enero y febrero de 2019 el Comando Sur de Estados Unidos utilizó helicópteros para realizar unos transportes destinados a mejorar las instalaciones de vigilancia de Darién.

EEUU y Colombia

El propósito principal de la JMTF creada entre ambos Estados es que pueda haber intercambio de información y recursos para establecer puntos estratégicos fronterizos y de esta forma combatir todo tipo de delincuencia organizada en la frontera sur de Panamá, como por ejemplo el tráfico de drogas, de armas, de personas y sobre todo para la supervisión exhausta de la posible penetración de migrantes ilegales considerados SIA que puedan estar efectivamente relacionados con organizaciones del terrorismo internacional. Además, para el correcto funcionamiento de la JMTF los dos gobiernos acordaron reunirse bilateralmente dos veces al año para supervisar y coordinar de forma efectiva los grupos de seguridad fronterizos.

Ya en 2016 los gobiernos de Panamá y Colombia implementaron añadir en la llamada Comisión Binacional de Seguridad Fronteriza (COMBIFRON) más medidas para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y combatir el crimen organizado, así como la migración ilegal. Dentro de esas medidas se crearon dos puntos de vigilancia compartidos entre las dos armadas y así poder controlar los flujos migratorios en la frontera de ambos países, especialmente en la región de Darién. El área había sido históricamente lugar de influencia de carteles colombianos y retaguardia para fuerzas guerrilleras, de forma que el proceso de paz abierto con las FARC suponía una oportunidad para procurar un mayor control estatal.

El principal problema en el desafío del Darién en las últimas décadas, según algunos observadores, fue la pasividad mostrada por Colombia, que fue disminuyendo el patrullaje y el control terrestre de su parte de la frontera, dejando a Panamá con recursos limitados ante los grupos criminales, ocasionándose con ello un aumento considerable del tráfico ilegal de drogas, armas y personas en la frontera. Esa pasividad colombiana se debió fundamentalmente a que el tránsito de migrantes ilegales no creaba presión migratoria sobre Colombia, ya que los flujos eran hacia el norte continental. Aunque hoy los dos países prestan atención a Darién, el control de la zona sigue siendo deficiente, en parte porque se prioriza la seguridad marítima sobre la terrestre, especialmente en el caso de Colombia.

Caravanas centroamericanas

El paso ilegal por Darién de personas que Washington considera “de interés” por provenir de países que pueden fomentar el terrorismo forma parte de rutas internacionales que se dirigen a la frontera sur de Estados Unidos. La amplia evidencia muestra que el Tapón de Darién se ha vuelto un punto estratégico para la seguridad regional y la de EEUU.

La presencia de personas catalogadas como SIA estuvo en el centro del debate sobre las diversas caravanas de migrantes que en otoño de 2018 partieron de Centroamérica –surgieron en Honduras y aumentaron su tamaño a su paso por El Salvador y Guatemala– y se dirigieron a la frontera de México con EEUU. Según constató el think-tank estadounidense Center for a Secure and Free Society (SFS), en esas caravanas participaron individuos de fuera de Centroamérica, procedentes de Oriente Medio, Asia y África, algunos de los cuales entraban dentro de la etiqueta de SIA. De acuerdo con SFS, esas personas tuvieron un trato de privilegio en el desarrollo de lo convoyes, lo que incluso podría indicar una connivencia entre redes de SIA y ciertos canales de la migración centroamericana. Ese mismo centro constató que funcionarios de Guatemala detectaron esos días no menos de 157 migrantes irregulares de otros continentes, de los cuales al menos 17 eran de “especial interés” para EEUU por proceder de países como Paquistán, Bangladesh y Eritrea.

Es complicado establecer cuántas personas con perfil SIA realmente transitan por Centroamérica con destino a EEUU, pues sus identidades son falseadas para pasar desapercibidas durante su travesía. Por otra parte, el presidente estadounidense exageró el estado de alarma por las grandes caravanas centroamericanas, pues aunque hubiera motivos para la alerta, no hay que olvidar que la gran mayoría de Extranjeros de Interés Especial que entran en EEUU y que son altamente peligrosos por sus conexiones directas con el terrorismo llegan por aire y no por tierra. Según un comunicado aclaratorio del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos cada día se llegan a detener una media de diez personas que están catalogadas en la “lista de observación terrorista” (3.700 en el último año fiscal), aunque pocas de ellas entran por la frontera de EE.UU con México.

After a record production of opium poppies in Mexico and overdose deaths in the US the problem has stopped growing

• Less amount of heroin is reaching the US market: Mexican authorites eradicated 29,207 hectares of poppy crops in 2017, and 17,288 hectares in the first half of 2018

• US President Trump signed in October 2018 the Opioid Crisis Response Act; a National Drug Control Strategy was published in January 2019

• Mexico is the main transit route into the US for fentanyl originating from China; Mexican anti-narcotics operations try to exert more control over this trade

▲ Cultivation of opium poppies (Papaver somniferum), the variety of poppies (Papaver) with the highest concentration of narcotics [DEA]

ARS 2019 Report / Marcelina Kropiwnicka [PDF version]

The severe opioid crisis experienced by the United States in recent years, with a record number of deaths by drug overdoses in 2017, apparently began to remit in 2018, according to the first available data. Both the efforts of the United States to confront the epidemic and of Mexico in eradicating opium poppy crops seem to be bearing fruit.

The dramatic increase in opium cultivation and heroin production in Mexico in the last years trigered drug consumption in the US. Besides, Mexico is the main route into the US for fentanyl, an opioid narcotic which is behind the US opioid epidemic as well.

After four years of sharp increase, the number of deaths in the United States due to opioid overdose rise in 2017 to 47,600, twice as many as in 2010. The main part of those deaths was due to the consumption of prescription opioids (17,029), followed by overdose deaths involving heroin (15,482). In both cases, the increase was mainly due to the use of synthetic narcotics, basically fentanyl, as prescription drug or mixed with heroin.

The first data referring to 2018 provided by the US health authorities seem to reflect a stabilization in the number of deaths due to opioid overdoses, which would at least indicate that the problem has stopped growing. Along with the efforts of the US administration to put in place a stricter regulation for the prescription of certain medicines, especially affecting synthetic opiates, there is a greater eradication of illicit crops in Mexico, with special emphasis on the cultivation of opioid poppies.

In 2017 the Mexican authorities proceeded to eradicate 29,207 hectares of this crop, thus limiting the heroin that in 2018 could reach the US domestic market. In 2018 eradication accelerated: in the first half of the year, the crop of 17,288 hectares was eliminated. This is a progress highlighted by the latest International Narcotics Control Strategy Report (INCSR), published in Mach 2019 by the US Department of State.

Heroin production

Illicit heroin and fentanyl have been infecting US neighborhoods for years. Initially, the source for almost all heroin found in the US was from Southern Asia. Over the past few decades, however, the trade for heroin has changed drastically. Most of the heroin found in US communities comes from South America, and namely Mexico. This has been fueled by a number of factors, including increased production and trafficking by criminal organizations. These current tendencies in drug trafficking lead to opioid abuse, and represent a considerable shift in outcomes. This has obliged the governments in both countries to instill and coordinate new law enforcement responses.

The United States is home to the largest heroin market in the Americas. Created from the milky sap scraped from the seedpod of an opium poppy, heroin can be transformed into multiple forms. These include powder, viscous tar, pills, a rock-like black substance and more. In addition to this, the substance has different degrees of purity, with white powder heroin being the purest and black tar-like heroin being the most impure. Heroin can also be administered through a number of means, but most commonly is smoked, injected or snorted.

According to the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), most of the heroin trafficked into the US comes from Mexico. Along with this, Mexican poppy cultivation and heroin production have been on the rise, especially over the past decade, contributing to the ever-increasing threat to the United States. In fact, 2017 was the year Mexican poppy cultivation and heroin production reached a record high, as the Office of National Drug Control Policy of the White House reafirmed in August 2018: poppy cultivation in Mexico rose 38 percent, from 32,000 hectares in 2016 to 44,100 hectares in 2017; it went from 685 tons to 944 tons of potential opium production, and from 81 tons to 111 tons of potencial pure heroin elaboration, almost five times 2012 levels.

Evaluations carried out by the US Drug Enforcement Agency (DEA) in its October 2018 report National Drug Threat Assessment (NDTA) stated that Mexico accounts for 91 percent (by weight) of heroin found in the US. A similar figure is given by the World Drug Report (WDR) published by the UNODC in June 2018: “Analysis of heroin samples in the United States over the past decade shows the increasing predominance of Mexico (90 percent of samples analysed in 2015) as a source country of the drug.” According to the INCSR, the Department of State report already mentioned, Mexico is especially focused on producing heroin, marijuana, and methamphetamine that is destined for the US; it is also a main transit route– originating from China–for other important triger of the opioid crisis in the US: fentanyl.

Fentanyl

Fentanyl’s availability is widespread and surging. While there are licit forms of the opioid, such as painkillers and anaesthetics, illicit production and trafficking of it are on the rise. The new trend is rooted toward mixing synthetic opiate fentanyl in Mexico’s tarry black heroin, without the consumer’s knowledge. Fentanyl is a synthetic opioid that is approximately 50 times more potent than heroin and 100 times stronger than morphine. The opioid is much cheaper when it comes to production, mainly because rather than being grown on a farm it is manufactured in a laboratory. The decreased cost for the traffickers and increased high for users signifies that drug producers have begun to cut their heroin with fentanyl.

The DEA warns that Mexican cartels present an intense threat to US neighborhoods mainly given their dominance in heroin and fentanyl exports). It also noted that a majority of the samples that were seized and analyzed involved fentanyl in its powder form. The concern arising from this is that fentanyl could be pressed into counterfeit pills, mainly because most drug abusers use prescription pain pills rather than heroin. This means that the creation of such counterfeit pills could ultimately affect a larger population of individuals.

The increase in heroin related deaths has been primarily linked to heroin being combined with fentanyl. The counterfeit pills could increase deaths due to fentanyl and white powder heroin looking alike. Consequently, users are unaware that the heroin they have purchased contains fentanyl, thus removing the user's ability to know the potency of the drug and preventing them from correctly dosing in respect to their tolerance level.

Solving the problem

The opioid epidemic suffered by the US in the last years was confronted in 2018 by the Trump administration with some special measures. In October 2018 President Trump signed the Opioid Crisis Response Act, which gave more powers to the US health authorities to monitor the situation and extended the controls on patient access to some specific drugs. In January 2019 a National Drug Control Strategy was published by the White House in order to take extra steps to protecting the public through effective drug abuse prevention, addiction treatment and use of law enforcement actions.

Apart from these new tools, the US relies on a long-standing relationship with Mexico regarding anti-narcotic matters. Both countries set up in 2008 the Merida Iniciative, which allows the US to assist the Mexican authorities in different fields. It includes several measures in order to improve law enforcement operations: training and equipment to dismantle covert drug labs, cutting-edge airport security training, advanced inspection tools equipped along border crossings and checkpoints, and so forth in order to improve law enforcement operations, among others. Results have already been seen, as Mexican units trained by US officials have seized more than 300 illicit laboratories since 2015. In addition to this, canines donated by the initiative have helped detect a significant amount of illicit drugs attempting to pass the border.

El agravamiento de la crisis venezolana reduce la vigilancia en el mar, aumenta la corrupción oficial y empuja a pueblos costeros a buscar modos de subsistencia

• En abril de 2018 se registró el ataque con mayor número de muertos de los últimos años: 15 pescadores guyaneses fallecieron en aguas de Surinam

• El incremento de los ataques llevó a las autoridades de Trinidad y Tobago a crear una unidad aérea de élite para luchar contra la piratería

• Alerta en todo el litoral al conocerse en 2018 que el año anterior los incidentes habían pasado de 27 a 71, con un incremento del 167%

▲ Costa de Guyana, cuyos pescadores se han visto afectados por el incremento de la piratería

Informe SRA 2019 / Manuel Lamela [Versión en PDF]

El significativo aumento de la piratería en las aguas del Atlántico entre Colombia y Surinam, con Venezuela en el centro de esa actividad criminal, ha alimentado titulares en los medios acerca de “los nuevos piratas del Caribe”.

Aunque lejos de la envergadura de la piratería registrada en el Golfo de Adén y sus inmediaciones entre 2008 y 2012, y luego en el Golfo de Guinea, el número de ataques en estas otras aguas se incrementó notablemente en 2017, y en 2018 se registró el ataque con mayor número de víctimas.

El deterioro de la seguridad marítima, que sobre todo perjudica a pescadores locales y algunos barcos de recreo, a los que los piratas roban gasolina, motores, pescado y cuantos objetos de valor encuentren abordo, ha ido parejo al agravamiento de la situación venezolana y afecta también a países vecinos.

Surinam y Guyana

El ataque a cuatro embarcaciones en las que faenaban veinte pescadores de Guyana, ocurrido entre el 27 y 28 de abril de 2018, resultó ser el incidente de piratería con mayor número de muertos de los últimos años. Las autoridades de Surinam recobraron cinco cadáveres y dieron por desaparecidos a diez pescadores, cuyos cuerpos posiblemente quedaron en el fondo del mar, ya que los autores del ataque forzaron a los miembros de las tripulaciones a arrojarse al agua con el ancla u otros pesos ligados a los pies, de acuerdo con el reporte oficial. Solo cinco ocupantes de los botes pesqueros pudieron salvarse, liberándose al menos uno de ellos del lastre al que fue atado, según su propio testimonio. Posteriormente, un grupo de treinta hombres fue detenido por esos hechos.

Pese a que la situación no es desconocida para Guyana o Surinam el incremento tanto en número como en violencia de este tipo de incidentes en el último año es remarcable. A comienzos de 2018, un informe publicado por la ONG One Earth Future, dentro de su programa Oceans Beyond Piracy, indicó que el número de ataques registrado en las aguas de América Latina pasó en 2017 de los 27 del año anterior a 71, lo que supone un aumento del 167%. La mayor parte de ellos (64) ocurrió en aguas territoriales, sin afectar a rutas internacionales como ocurría con los piratas somalíes o sucede en el Golfo de Guinea. Si en estas rutas los principales objetivos eran buques mercantes o grandes armadores pesqueros, produciéndose incluso secuestros de naves y tripulaciones, en el caso de lo que ocurre sobre todo en las aguas de Venezuela, Trinidad y Tobago, Guyana y Surinam afecta a pequeños propietarios de embarcaciones.

Golfo de Paria, Trinidad y Tobago

Especialmente espinosa es la situación del Golfo de Paria, ubicado entre las costas del estado venezolano de Sucre y de la isla Trinidad, separadas solamente por unas 10 millas marinas en su punto más próximo. La peculiaridad geográfica de la zona supone un escenario perfecto para actividades ilícitas. El área ya era conocida por la existencia de diversas bandas dedicadas al contrabando y al tráfico de productos de primera necesidad, como los pañales y otros artículos altamente demandados entre la población venezolana. Dado el desabastecimiento que sufre Venezuela, esto supone un alivio para la demanda de ciertos productos e inyecta dólares a la ya amplia economía sumergida. A la ineficacia y la pasividad de los gobiernos de ambos países a la hora de combatir la piratería, como se reflejó en su fracasadas negociaciones bilaterales de 2017, se une una más que presumible relación de cooperación entre funcionarios y bandas criminales, como ha apuntado la ONG venezolana Asociación civil de Gente de Mar.

Otras zonas de las aguas territoriales de Trinidad y Tobago, además de las del Golfo de Paria, se ven afectadas por la piratería, a la que contribuyen bandas locales alimentadas con la llegada de venezolanos que tienen difícil encontrar un empleo. En los últimos pocos años unos 40.000 venezolanos han emigrado al vecino país, desestabilizando las ya precarias condiciones laborales de la sociedad trinitense. Con una población de apenas 1,3 millones de habitantes, el archipiélago tiene una tasa de criminalidad relativamente elevada, que en 2018 se manifestó en la comisión de cerca de 500 asesinatos. Estas cifras están empezando a perjudicar el turismo, que es uno de los principales activos económicos. Trinidad y Tobago corre el riesgo de que se la perciba como sucesora de la infame isla Tortuga, refugio de los piratas del Caribe del siglo XVII.

Ante esta situación, las autoridades isleñas anunciaron a final de enero de 2019 la creación de una unidad de élite aérea en el seno de la Policía para actuar frente a migración ilegal, la piratería, el secuestro y el contrabando de armas y de drogas. El anuncio ocurría inmediatamente después de que seis pescadores de Trinidad fueran secuestrados y llevados a Venezuela por sus raptores, quienes reclamaron un rescate de 200.000 dólares.

Venezuela: Sucre y Anzoátegui

La crisis tanto económica como social que sufre Venezuela es una de las principales causas del aumento de la piratería. Esta se lleva a cabo especialmente desde el estado de Sucre, que ya se ha mencionado, y desde el también estado costero de Anzoátegui.

Los criminales que operan en la zona pueden dividirse en dos tipos. Por un lado, hay atacantes bien entrenados, con buen armamento, encuadrados dentro de una organización criminal y relacionados con el narcotráfico que controla la península de Paria (el extremo oriental de Sucre). Concretamente, existen dos bandas criminales diferentes que se enfrentan por el control de la zona. Estos grupos de narcotraficantes están asentados en las localidades de San Juan de Unare y San Juan de las Galdonas, en el municipio de Arismendi. Mediante la violencia y la extorsión se han conseguido adueñar de las rutas marítimas de mayor importancia, ahuyentando a todos los pescadores que pudieran ser testigos de sus actos. Su actividad se centra mayoritariamente en el tráfico de drogas y de armas. Respecto de las primeras, la mercancía se obtiene de Colombia y tras atravesar Venezuela se embarca hacia las costas de Trinidad y Tobago para en última instancia ser transportada hacia el mercado europeo, en ocasiones con escala en África Occidental. En cuanto a las armas, los cargamentos se obtienen en la misma Venezuela, procedentes de robos y contrabando (la corrupción y falta de seguridad afecta también a las fábricas nacionales que producen armamento; en 2019 está prevista la entrada en funcionamiento de una factoría con capacidad para producir 25.000 fusiles AK 103 al año).

Por otro lado, la actividad de piratería la desarrollan también simples maleantes, de un perfil criminal menor y con peor equipamiento y recursos. Pese a esto, son los que crean mayor alarma, dada su proliferación entre una población sin apenas fuentes de ingresos y unas coordenadas de actuación que son menos específicas que las del crimen organizado, lo que hace más imprevisibles sus ataques.

La mala administración chavista en la industria pesquera es otro de los principales factores que han generado este incremento de criminales procedentes de la población local, dedicada en su mayoría a la pesca. Con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 se llevó a cabo un gran proceso de nacionalización de este sector, con la expropiación de astilleros, barcos, puertos… Tras este proceso de reformas y reforzando más su relación con Cuba, en 2008 se creó una empresa pública binacional denominada Empresa Socialista Conjunta de Pesca Industrial de la Alianza Bolivariana (PESCALBA) con el objetivo de hacer más accesible el producto a los estratos sociales con menor poder adquisitivo. Todo ello contribuyó a que entre el ascenso de Chávez a la presidencia y 2017 la captura descendiera en un 60%, con una fuga de barcos a otros países, como Panamá o Ecuador, la cesación de actividad de procesadoras, el amarraje de barcos por falta de mantenimiento y el aumento del desempleo. En consecuencia, el estado de Sucre ha resultado con una sociedad quebrantada, sin medios de subsistencia, que encuentra en la delincuencia su única manera de sobrevivir.

[Francis Fukuyama, Identidad. La demanda de dignidad y las políticas de resentimiento. Deusto, Barcelona, 2019. 208 p.]

RESEÑA / Emili J. Blasco

El deterioro democrático que hoy vemos en el mundo está generando una literatura propia como la que, sobre el fenómeno contrario, se suscitó con la primavera democrática vivida tras la caída del Muro de Berlín (lo que Huntington llamó la tercera ola democratizadora). En aquel momento de optimismo, Francis Fukuyama popularizó la idea del “fin de la historia” –la democracia como instancia final en la evolución de las instituciones humanas–; hoy, en este otoño democrático, Fukuyama advierte en un nuevo ensayo del riesgo de que lo identitario, despojado de las salvaguardas liberales, fagocite los demás valores si sigue en manos del resurgente nacionalismo populista.

La alerta no es nueva. De ella no se movió Huntington, que ya en 1996 publicó su Choque de civilizaciones, destacando la potencia motriz del nacionalismo; luego, en los últimos años, diversos autores se han referido al retroceso de la marea democrática. Fukuyama cita la expresión de Larry Diamond “recesión democrática”, constatando que frente al salto dado entre 1970 y el comienzo del nuevo milenio (se pasó de 35 a 120 democracias electorales) hoy el número ha decrecido.

El último célebre teórico de las relaciones internacionales en escribir al respecto ha sido John Mearsheimer, quien en The Great Delusion constata cómo el mundo se da hoy cuenta de la ingenuidad de pensar que la arquitectura liberal iba a dominar la política doméstica y exterior de las naciones. Para Mearsheimer, el nacionalismo emerge de nuevo con fuerza como alternativa. Eso ya se observó justo tras descomposición del Bloque del Este y de la URSS, con la guerra de los Balcanes como ejemplo paradigmático, pero la democratización de Europa central y oriental y su rápido ingreso en la OTAN llevaron al engaño (delusion).

Han sido la personalidad y las políticas del actual morador de la Casa Blanca lo que a algunos pensadores estadounidenses, entre ellos Fukuyama, ha puesto en alerta. “Este libro no se habría escrito si Donald J. Trump no hubiera sido elegido presidente en noviembre de 2016”, advierte el profesor de la Universidad de Stanford, director de su Centro sobre Democracia, Desarrollo y Estado de Derecho. En su opinión, Trump “es tanto un producto como un contribuidor de la decadencia” democrática y constituye un exponente del fenómeno más amplio del nacionalismo populista.

Fukuyama define ese populismo a partir de sus dirigentes: “Los líderes populistas buscan usar la legitimidad conferida por las elecciones democráticas para consolidar su poder. Reivindican una conexión directa y carismática con el pueblo, que a menudo es definido en estrechos términos étnicos que excluyen importantes partes de la población. No les gusta las instituciones y buscan socavar los pesos y contrapesos que limitan el poder personal de un líder en una democracia liberal moderna: tribunales, parlamento, medios independientes y una burocracia no partidista”.

Probablemente es injusto echar en cara a Fukuyama algunas conclusiones de El final de la historia y el último hombre (1992), un libro a menudo malinterpretado y sacado de su clave teórica. El autor luego ha concretado más su pensamiento sobre el desarrollo institucional de la organización social, especialmente en sus títulos Origins of Political Order (2011) y Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Present Day (2014). Ya en este último apuntaba el riesgo de regresión, en particular a la vista de la polarización y falta de consenso en la política estadounidense.

En Identidad, Fukuyama considera que el nacionalismo no étnico ha sido una fuerza positiva en las sociedades siempre que se ha basado en la construcción de identidades alrededor de valores políticos liberales y democráticos (pone el ejemplo de India, Francia, Canadá y Estados Unidos). Ello porque la identidad, que facilita el sentido de comunidad y pertenencia, puede contribuir a desarrollar seis funciones: seguridad física, calidad del gobierno, promoción del desarrollo económico, aumento del radio de confianza, mantenimiento de una protección social que mitiga las desigualdades económicas y facilitación de la democracia liberal misma.

No obstante –y este puede ser el toque de atención que pretende el libro–, en un momento de recesión de los valores liberales y democráticos estos van a acompañar cada vez menos al fenómeno identitario, de forma que este puede pasar en muchos casos de integrador a excluyente.

The Belgian city, the world's capital of diamonds, has applied more regulations, sanctions and scrutiny on the industry, but still there are some bad practices

▲ The diamond industry has its main world centre in the Belgian city of Antwerp

ANALYSIS / Jokin de Carlos Sola

The diamond trade moves hundreds of millions of euros every year around the globe. Most of them come from third world countries were the diamonds are extracted by very hard means. Even today, diamonds coming from conflict zones and used to finance conflicts and violence are a significant part of the market. Nowadays the production is mainly sold in cities of the United States and Europe and most of those diamonds in some way or another end up passing through the city of Antwerp in Belgium, showing that the Dutch and Belgians still have certain control over the industry.

This text will explore the origins of the city of Antwerp as a centre in the diamond market and of the control by Dutch and Belgians of this particular business; then it will analyse this industry in the new globalised era, and finally explain the relation of the city of Antwerp and the trade of blood diamonds.

Low Lands, a land of diamonds

Until the 19th century most diamonds came to Europe from India through the ports of Bruges, Antwerp and Amsterdam. The origins of the Low Countries as a centre of diamond craft and trade comes from the 15th century. In 1475 a Flemish jeweller, named Lodewyck van Bercken, invented the scaif, a polishing wheel infused with diamond dust and olive oil. This made easier the cutting of a diamond and revolutionised the industry. Bercken was a protégée of Duke Charles de Bold and his techniques were spread all around the Low Countries. For the next years Antwerp and Amsterdam became big competitors in the diamond trade.

In the 17th century Amsterdam was the most important city in Europe concerning diamonds. Because of the religious tolerance of the Netherlands, many Sephardic Jews established themselves in the city moving from Antwerp. There they had acquired knowledge working with diamond due to the guild-system, for the only industry that they were allowed to work in was the diamond industry.

In 1725 diamonds were discovered in Brazil and most of them went through Amsterdam. During the 19th century over 90% of rough diamonds sold in Europe passed through the Dutch city. Due to the colonial power of the Netherlands, the Dutch diamond trade extended over the world, specially to New Amsterdam (New York) and Cape Town, which would become vital bases of the international diamond trade in the 20th and the 21st century. However, after the mines in Brazil started to dry up and the power of the Netherlands began to fade Amsterdam started to lose importance in favour of Antwerp, its biggest rival on the diamond industry, also a culturally Dutch city that would become the diamond's capital of the world. During its golden age Amsterdam developed a high-quality craft industry, but Antwerp managed to be as effective and cheaper as well as more permissive regarding taxes.

In 1866 diamonds were discovered in South Africa, in the Transvaal region, an area mainly populated by Dutch settlers. At the same time the British magnate Cecil Rhodes created the diamond company De Beers, based in Johannesburg. Massive amounts of rough diamonds started then to arrive to Europe, through Cape Town and Antwerp.

By the beginning of the 20th century De Beers controlled over 90% of the diamond industry in the world. In 1927 the company passed from the hands of Cecil Rhodes to the ones of Ernst Oppenheimer, a white South African entrepreneur, whose family still controls the diamond trade around the world.

During the Second World War most Jews from both Amsterdam and Antwerp were either forced to flee or were sent to extermination camps. This had hard consequences on an industry that was mainly controlled by the Jewish community. After the war, Antwerp quickly rebuilt its diamond business.

In 1948, De Beers established a new marketing strategy: it presented diamonds as a symbol of love and marriage, with the motto “a diamond is forever”. A ring with a diamond became the perfect wedding present and it was advertised extensively. This new strategy increased the demand of diamonds, especially in the United States, where not just the economic elite was buying them, but it was also the aspiration of the high-middle class and even of the middle class. As result, De Beers experienced it biggest growth in history turning Antwerp the indisputable capital of the diamond industry.

In 1973 the Antwerp Diamond World Centre (ADWC) was established. It is a public/private corporation, founded by the Belgian government and the most important diamond companies in the city. The Diamond Office, an ADWC’s subsidiary, facilitates the import and export of diamonds in and out of Antwerp.

Antwerp's diamond industry

The Antwerp's diamond industry is concentrated in a part of the city called the diamond district or Diamantkwartier, which covers a complete square mile. According to the ADWC, 84% of the rough diamonds and 50% of the polished ones pass through Antwerp. In 2012 the turnover of the Diamantkwartier was 54 billion euros. Over 16 billion dollars in polished diamonds pass through the district's exchanges each year. There are 380 workshops that serve 1,500 companies. There are also 3,500 brokers, merchants and diamond cutters. The main actions taken in Antwerp are both the trade of rough and cut diamonds and the cut of rough diamonds with modern machinery. They also perform other jobs like applying colour and crafting jewellery. There is even a bank consecrated to the diamond industry, the Antwerp Diamond Bank, which is owned by the KBC Bank.

Traditionally the Jewish community had almost complete control over the diamond business in Antwerp. More than 80% of Antwerp's Jewish population works in the diamond trade. In fact for many years the Yiddish was considered the main language of the diamond exchange. No business is conducted on Saturdays. However, since the late 20th century many Indian, Arminian and Lebanese dealers have increased importance in Antwerp’s diamond trade.

For Belgium, the importance of Antwerp as the diamond capital of the world has been a source of economic incomes and great prestige. The diamond trade counts for 5% of Belgium's exports to the EU and 15% of its exports outside the EU; it is the 5th largest industry in the country. It also has been the reason for a lot of foreign investment.

During the last decade several other cities outside Western Europe have invested on their diamond industry, like Tel Aviv, Tokyo, Hong Kong, Chicago and several cities in South Africa. However, Antwerp still is the most important trade centre in Europe, being Amsterdam its biggest competitor.

In 2017 Antwerp traded 46 billion dollars in diamonds, with a total of 233.6 million of carats. This figures meant a slight improvement, aided by the approval of the Diamond Regime by the Belgian Parliament. This law changed the way of taxation and ended up benefiting the diamond companies of Belgium.

Diamonds and political corruption

Because of its size and the profits it generates, the diamond industry has a lot of influence in Belgian politics, especially in Flanders. It acts as a lobby in favour of specific bills and policies and tries to avoid an increase of regulations. An example of this is when in 1986 an investigation was opened on the business of Abraham Kirschen, who reportedly sold diamonds in the black market to avoid taxation. According to the media, some conservative politicians were linked to the scheme and some 170 diamond traders were investigated for evading a billion dollars in taxes through a bank account in Geneva. The case ended up implicating the second largest diamond company after De Beers, Omega Diamond, and most of the Belgian political establishment. The AWDC rapidly distanced itself from the scandal at the beginning of the controversy, which was to closed without having much negative impact in the industry.

Following this and other scandals, the Belgian government managed to impose more regulations, in order to rule a business that traditionally has shown a lack of transparency and has been prone to tax evasion. But the diamond lobby has been very active and through its political influence has scored some victories. In 2011 it achieved its main goal: the change of the Belgian criminal law.

In 2008 the biggest fraud of a diamond company was discovered by Belgian authorities. The company was Omega Diamonds, established only in 1994 by the Belgian Sylvian Goldberg. The company became the second biggest diamond company after De Beers and had for many years the monopoly of the diamond exports from Angola. An investigation started in 2006 concluded that the company had created a tax fraud scheme. Omega Diamonds imported diamonds from Angola and the Democratic Republic of Congo through Dubai into Antwerp. During the transfer, documents were manipulated allowing the company to conceal the origin of the diamonds. It ordered the shipment of diamonds purchased in Angola and the DRC to be delivered to entities located in Dubai. Upon arrival in Dubai the diamonds were repacked and exported to Antwerp. The new shipment, marked “diamonds of mixed origin”, was issued with an invoice addressed to Omega Diamonds wherein the value of the diamonds was artificially increased. In so doing, the company was able to hide its additional profit from Belgian tax authorities.

In October 2008, Belgian federal police raided the premises of Antwerp-based Omega Diamonds. The raids resulted in a record seizure of 150 million dollars worth diamonds. Companies in Antwerp started to fear similar scrutiny from Belgian courts and the federal police. Because of this, the AWDC asked for political support, and it got help from some politicians, who accused law enforcement of “damaging the reputation” of the diamond industry. A bill meant to block law enforcement from confiscating illegal diamonds, written by AWDC’s lawyers, was introduced by members of the most important political parties of the Belgian establishment.

In December 2010, the sponsors of the 2008 bill became members of a secretive group, “The Diamond Club”, in order to push this legislation, which passed in 2011. According to the law, diamond companies investigated by fraud could avoid prison by paying a sum of money to the public prosecutor, as well as fight back the judicial backlog, and prevent, in many cases, a deeper investigation.

In application of the law, Omega Diamonds agreed in 2013 to pay a settlement of 160 million euros to avoid being prosecuted for tax evasion and money laundering, all that for a fraud that is calculated to have been of over 2 billion euros. The settlement cleared Omega Diamonds of all charges.

The law was controversial, to say the least, and it became very unpopular in Belgium, mainly because almost all parties were involved in it. In 2016 the Federal Constitutional Court of Belgium declared unconstitutional most parts of it. In 2017, the Belgian Parliament set up an inquiry commission to investigate the relation between the law of 2011 and the diamond industry. The commission stated that the blueprint of the law was written by lawyers for the AWDC, but at the moment it hasn't investigated the relations of various politicians with the diamond industry.

Blood diamonds

A blood diamond is the one that is extracted from conflict zones and used for financing wars or violent actions. They have been a very common threat to the image of the diamond industry and nowadays there is a big effort by various diamond companies of tracking the origin of the stones, in order to avoid scandals. However, during the 1980s and 1990s blood diamonds worth millions of dollars flooded from Angola and Sierra Leone to Antwerp, something that still happens today.

Diamonds have a very big value, that’s common knowledge, but in fact a big reason for this value comes from a strategy started by De Beers and followed by other diamond companies. This strategy consists of acquiring the monopoly of diamonds in a certain region and putting them in the market in a way that prices will always remain high. This was firstly done by Cecil Rhodes, and the diamonds in South Africa. If all the diamonds were put in the market at the same time their price will decrease. With this the company always got a big revenue.

Before the Angolan Civil War (1975-2002) there was not much concern on what was the origin of the stones. However, during this war the UNITA group started to use the diamonds extracted in their territory to fund its war against the government. This made diamonds a reason for instability and provided violent groups with weaponry. Because of this there was a big international pressure for the ending of the trading of the Angolan diamonds in 1998, by the UN Security Council resolution 1173. 

A similar situation happened in Sierra Leone with RUF group and its war against government (1991-2002). It is calculated that the RUF extracted yearly a total of 125 million dollars every year. This money was used to fund a war were the RUF committed a series of crimes such as rape, mass killings or mutilations. In the year 2000 the UN Security Council imposed sanctions on diamonds from Sierra Leone.

Even though these sanctions were harmful for both rebel movements a report written by Robert Fowler, chairman of the Security Council committee investigating violations of sanctions on Angola, informed the UN that blood diamonds were still being exported from these countries, most of them arriving to Antwerp, where they were sold in the international market.

The Fowler Report

The Fowler report was very critical with the role of Antwerp as the end stage of all blood diamonds. “The unwillingness or inability of the diamond industry, particularly in Antwerp, to police its own ranks is a matter of special concern to the panel,'” said the report.

The report also stated that the willingness to traffic the diamonds provided by UNITA or RUF “results from the often-expressed fear that stricter regulation would simply cause traders to take their business elsewhere.” It also said that he Belgian authorities had failed to establish a credible system for identifying rough diamonds coming from conflict zones, while making “no serious effort” to keep track of diamond traders known to deal with the rebels. A prominent Antwerp diamond trader trained the diamond experts who work for UNITA, the report said.

The system for concealing the bad practices consisted on transporting the diamonds to third countries that were willing to act as a bridge between the diamond exporter and Antwerp. Two examples of this are Liberia for the Sierra Leone diamonds and Rwanda for the stones from Angola. In fact, Rwanda had a key role in the war in Angola: UNITA transported diamonds to Rwanda which were bought by Antwerp diamond traders and then the money was used to buy guns from Eastern Europe that were transported to Rwanda.

The Fowler report, together with another research made by the international NGO Global Witness, also pointed De Beers to have bought Angolan blood diamonds to maintain its monopoly on diamond sells. De Beers admitted to have done this before the sanctions of the UN, but Global Witness still accuse De Beers of trading with blood diamonds even after the sanctions. According to this report the company bought blood diamonds through its huge network of buying offices in Africa and the company's cartel-like Central Selling Organization, which sets world diamond prices (although it is based in London, many of its diamond traders work in Antwerp).

This severely harmed De Beers' name. Because of this Anthony Oppenheimer, CEO of the company, stopped buying Angolan diamonds except the ones provided directly by the Angolan government. Due to the fall of prestige of diamond industry after the scandals involving blood diamonds De Beers and other diamond companies started to establish more transparent roots of diamond trading to avoid new scandals.

The Kimberly Process

After the effects of the Fowler report the Kimberly Process of Certification Scheme was established to guarantee a fair and clean trade of diamonds. Established in 2003 following a meeting in Kimberly, South Africa, and by the UN General Assembly Resolution 55/56. Belgium took an active role in the establishment of the process. The first step of these process was the system of warranties created by World Diamond Council, all these warranties were incorporated in the Kimberly Process and all its members must follow them:

–Trade only with companies that include warranty declarations on their invoices.

–Not buy diamonds from suspect sources or unknown suppliers, or which originate in countries that have not implemented the Kimberley Process Certification Scheme.

–Not buy diamonds from any sources that, after a legally binding due process system, have been found to have violated government regulations restricting the trade in conflict diamonds.

–Not buy diamonds in or from any region that is subject to an advisory by a governmental authority indicating that conflict diamonds are emanating from or available for sale in such region, unless diamonds have been exported from such region in compliance with the Kimberley Process Certification Scheme.

–Not knowingly buy or sell or assist others to buy or sell conflict diamonds.

–Ensure that all company employees that buy or sell diamonds within the diamond trade are well informed regarding trade resolutions and government regulations restricting the trade in conflict diamonds.

Members like the Democratic Republic of Congo have been expelled after being unable to ensure the origins of the stones. Organizations such as Global Witness have criticized the ineffectiveness of the process and its inability to end with the continuing trade of blood diamonds: “Rough and uncut diamonds can easily be smuggled over porous borders from places like the Ivory Coast and can obtain a Kimberley Process certificate from another country before being shipped to Europe.” Other critics accuse the Kimberly process of making the diamond trade too complicated and too bureaucratized and therefore harming developing countries which heavily depend on the diamond trade such as Botswana or South Africa. They underscore that only 0,2% of diamonds in the industry are considered conflict diamonds and during both Angola and Sierra Leone civil war the number never increased over 15%, as it was addressed by the publication Foreign Policy.

The Belgian connection

Despite the efforts of the Kimberly Process and the Belgian government blood diamond still pass through Antwerp, mainly using companies and bank accounts in Switzerland. An example of this was when in March of 2017 Belgian authorities seized 14 million euros worth of diamonds believed to be from the Ivory Coast from a major diamond smuggling ring based in Antwerp. The investigation also led to several Geneva-based firms that used fake certificates to import raw diamonds worth 370 million euros from countries outside the Kimberley Process before selling them to Belgian traders.

Antwerp dealers routinely settle multi-million-dollar transactions in cash and rarely offer receipts, according to a study on diamonds and conflict in Sierra Leone by the NGO Partnership Africa Canada. While illegal operations have a hand in keeping the trade alive in Europe, even legitimate enterprises could be unwittingly involved.

Another case was when in 2015 the Belgian businessman Michael Desaedeleer was arrested in Spain, accused of enslavement and pillaging blood diamonds during Sierra Leone’s civil war. His arrest was a “landmark” because it was the first time an individual resulted detained on international charges related to the exploitation of the war in Sierra Leone to market blood diamonds.

Recently, Zimbabwe has gained recognition as an exporter of blood diamonds and a 2017 report by Global Witness relates these diamonds with the Antwerp diamond industry. Like most of its neighbours, Zimbabwe has diamond mines in its territory. However, in 2006 in the area of Marenga the richest diamond deposits were found –the so called Marenga diamond field. Since its discovery, the extraction of these diamonds has been done either by the government or by companies related to the regime. According to Global Witness these stones are being used to strength the regime and keep the political repression. Because of that most countries and organizations consider it blood diamonds. Since its discovery, there has been an embargo of these diamonds, but the Antwerp industry has tried to make the trade flow between Zimbabwe and the city, sometimes violating the EU sanctions.     

The report mentions confidential government papers that talk about deals between Belgian diamond traders with the Zimbabwean Consolidation Diamond Company (ZCDC), as well as with two other companies in Marenga: Anjin and Jinan, both related to the state-owned military company Zimbabwean Defence Industries (ZDI). Since 2008, the EU imposed sanctions on ZCDC as well as on Anjin and Jinan. However, in 2013 the EU decided to withdrew all sanctions against ZMDC following increasing pressure from state members, especially from Belgium (pressed by the AWDC). The decision was very criticised by human rights groups, and finally the sanctions against the ZDI were kept.

Since 2010 Zimbabwe has officially exported over 2.5 billion dollars in diamonds according to official figures from the Kimberley Process. According to the limited available government reporting, only around 300 million dollars can clearly been identified in public accounts.

The diamond trade is definitely part of the Belgian trade tradition and part of the Belgian economy. As a part of a country with very few natural resources, Antwerp has done around history a big effort to maintain its position as a diamond centre. Bringing money, jobs and prestige to the city. However, it has also brought corruption to the political system and has served as a place for money laundry, tax evasion and financing of violent groups in Africa. With corruption, with money, with prestige and by work and schemes, without question Antwerp is the diamond of Belgian crown.

Evolución de la estrategia espacial estadounidense ante la creciente rivalidad de China y Rusia

La perspectiva de entablar batallas en el espacio, como extensión de guerras que puedan mantenerse en la Tierra, buscando interferir en las capacidades que aportan los satélites, ha llevado a la Administración Trump a promover una división específica de las Fuerzas Armadas estadounidenses dedicada a ese dominio, la US Space Force. Aunque su constitución debe ser aún aprobada por el Congreso, el nuevo componente del Pentágono va a contar ya con su presupuesto.

▲ El vehículo orbital X-37B en operaciones de prueba en 2017, en el Kennedy Space [US Air Force]

ARTÍCULO / Ane Gil

Más de 1.300 satélites activos envuelven el globo a día de hoy, proporcionando comunicaciones a nivel mundial, navegación GPS, pronóstico meteorológico y vigilancia planetaria. La necesidad de protegerlos frente a cualquier ataque, que podría trastocar seriamente la seguridad nacional de los países, se ha convertido en una prioridad de las grandes potencias.

Desde que llegó a la Casa Blanca, Donald Trump ha insistido en su idea de constituir una Fuerza Espacial, dándole el mismo rango que a las cinco ramas ya existentes de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada, Marines, Fuerza Aérea, Guardacostas). Trump firmó el pasado 19 de febrero la directiva para la creación de la US Force Space, cuya aprobación final debe aún darse en el Congreso. Sería la primera rama militar que se crea en Estados Unidos desde 1947, cuando se puso en marcha la Fuerza Aérea. El Pentágono cuenta con que ya esté operativa en 2020.

Como ya adelantó hace casi un año el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, esta nueva Fuerza Espacial contará con sus propias instalaciones, si bien de momento se nutrirá de apoyo y recursos de la Fuerza Aérea. Según Pence, el objetivo de la Fuerza Espacial es hacer frente a las supuestas amenazas de Rusia, China, Corea del Norte e Irán en el espacio. Aunque su fin último es contener específicamente a Rusia y a China, quienes desde hace algunos años ya están elaborando sus propios métodos con los que conquistar el espacio.

Informes estratégicos de la era Obama

La Administración Trump ha llamado a esa especialización militar en el espacio ante la competencia que presentan China y Rusia en ese mismo dominio, la cual durante la Administración Obama aún era embrionaria. No obstante, aunque durante la presidencia de Barack Obama la Casa Blanca puso un menor acento en los desarrollos militares de las capacidades espaciales, también procuró fomentar la presencia estadounidense en el espacio.

En el documento National Space Policy de 2010, en una redacción más bien inclusiva, Estados Unidos defendió el derecho que tienen todas las naciones a explorar el espacio y pidió que todos los países pudieran trabajar juntos para asegurar una actividad espacial responsable y respetuosa, en un marco de cooperación internacional. La política que entonces se fijaba miraba sobre todo a la dimensión comercial y civil del espacio, en la que EEUU aspiraba a fortalecer su liderazgo.

El documento incluía, no obstante, un apartado sobre seguridad. Así, hacía referencia a la necesidad desarrollar y operar sistemas y redes de información que dieran cobertura a la seguridad nacional, facilitando operaciones de defensa e inteligencia tanto en tiempos de paz como en momentos de crisis y conflicto. Además, pedía desarrollar e implementar planes, procedimientos, técnicas y capacidades para asegurar misiones críticas de seguridad nacional, utilizando los activos espaciales y a la vez aprovechando las capacidades no espaciales de países aliados o de empresas privadas.

Lo que ahí se presentaba de un modo más genérico, la Administración Obama lo concretó en un subsiguiente documento estratégico, la National Security Space Strategy de 2011, donde se presentaba el espacio como un ámbito vital para la seguridad nacional estadounidense. El texto advertía que el espacio es algo “crecientemente congestionado, disputado y competitivo”, lo que apremiaba a EEUU a intentar mantener su liderazgo, aunque sin dejar a un lado la colaboración internacional para hacer del espacio un lugar seguro, estable y protegido.

Seguidamente el documento planteaba objetivos y aproximaciones de carácter estratégico. En concreto, EEUU se proponía “proveer capacidades espaciales mejoradas”, con el fin de mejorar la obtención de sistemas, reducir el riesgo de fallos en las misiones, incrementar el éxito en el lanzamiento y la operatividad de los sistemas y formar profesionales de seguridad nacional para respaldar todas esas actividades espaciales.

Otro de los objetivos señalados era “prevenir y disuadir la agresión contra la infraestructura espacial que respalda la seguridad nacional de EEUU”, que como elemento central incluía negar a los adversarios los beneficios significativos de un ataque, fortaleciendo la resistencia de la arquitectura de sus sistemas. No obstante, el documento precisaba que EEUU se guarda el derecho de responder en defensa propia si la disuasión falla.

Precisamente en ese último caso, el texto estratégico requería preparar las propias capacidades para “derrotar ataques y operativos en un entorno degradado”. Indicaba que las capacidades militares y de inteligencia deben estar preparadas para “combatir” y vencer los ataques dirigidos a sus sistemas espaciales e infraestructura de apoyo. 

Rivalidad de China y Rusia en la era Trump

Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos con su lema “America First”, que también ha aplicado en la estrategia espacial, priorizando los intereses de su país en un contexto de mayor rivalidad frente a Pekín y Moscú. Su política en relación al espacio hace hincapié en la interacción dinámica y cooperativa entre los intereses militar, civil y comercial, respectivamente, del Pentágono, la NASA y las empresas privadas interesadas en los vuelos extraatmosféricos. 

El primer documento estratégico sobre seguridad nacional de la era Trump es la National Security Strategy (NSS) de diciembre de 2017. Aunque en el informe apenas se hace referencia al espacio, el texto supone la declaración de “rivales” de China y Rusia, dando pie a EEUU a confrontar los intereses contrarios de esos países, también fuera de la Tierra. La NSS proclama que EEUU debe mantener su “liderazgo y libertad de acción en el espacio”, y alerta del riesgo de que “otros actores” alcancen la capacidad de atacar activos espaciales estadounidenses obteniendo así una “ventaja asimétrica”. “Cualquier dañina interferencia o ataque contra componentes críticos de nuestra arquitectura espacial que directamente afecte a este vital interés de EEUU se encontrará con una deliberada respuesta en el momento, lugar, manera y dominio de nuestra elección”, advierte el documento.

Algunas de esas cuestiones militares obtienen una mayor elaboración en el informe que meses después elaboró el Pentágono. En el documento Space Operations de abril 2018, la cúpula militar constata que varias naciones están obteniendo avances significativos en las capacidades de control espacial ofensivo, con la intención de desafiar el uso del espacio por parte de EEUU y sus aliados, amenazando sus activos espaciales. Por ello, defiende la importancia de las operaciones fuera del ámbito terrestre, las cuales tienen el objetivo de asegurar y defender las capacidades espaciales contra las actividades agresivas de otros.

“El progreso de nuestros adversarios en la tecnología espacial”, indica el informe, “no solo amenaza el entorno espacial y nuestros activos espaciales, sino que también nos puede negar una ventaja si perdemos la superioridad espacial”. Para mitigar esos riesgos y amenazas, EEUU se compromete “la planificación y la realización de operaciones defensivas y ofensivas”.

Las grandes líneas de la política de Trump en relación al espacio quedan recogidas en el documento National Space Strategy de marzo de 2018. Se trata de una política basada en cuatro pilares: reforzar las arquitecturas espaciales; fortalecer las opciones de disuasión y combate; mejorar las capacidades fundacionales, estructuras y procesos, y fomentar ambientes domésticos e internacionales propicios.

Directivas y presupuesto

Además de los aspectos de seguridad ya señalados, la Administración Trump también ha expresado el deseo de “promover el comercio espacial”, para lo que “simplificará y actualizará regulaciones para la actividad comercial en el espacio para fortalecer la competitividad”.

Para supervisión de esas actividades, que abren el negocio espacial a las empresas privadas estadounidenses y al mismo tiempo marcan un horizonte de explotación mineral de asteroides y planetas, Trump revivió en junio de 2017 el Consejo Nacional del Espacio, dependiente de la Casa Blanca, 24 años después de haber sido disuelto. En diciembre de 2017 Trump firmó la Space Police Directive-1, que ordenaba a la NASA enviar astronautas estadounidenses a la Luna una vez más, y en junio de 2018 firmó una directiva sobre la gestión del tráfico en el espacio (Space Policy Directive-3). La cuarta directiva es la firmada en febrero de 2019 para la creación de la Fuerza Espacial.

La nueva política de Trump no ha sido inmune a las críticas, ya que se argumenta que al erigir la Fuerza Espacial como una división más de las Fuerzas Armadas podría debilitar los recursos de las demás divisiones, lo que pondría en riesgo al país ante un posible ataque o emergencia en la Tierra. De hecho, el general James Mattis, secretario de Defensa durante 2017 y 2018, expresó públicamente al principio alguna reticencia, si bien luego comenzó a ejecutar los planes del presidente.

De acuerdo con los datos facilitados a raíz de la reciente presentación de los presupuestos para el próximo año fiscal, la Fuerza Espacial podría contar con una dotación de 830 personas (repartidas entre el Cuartel General, la Agencia de Desarrollo Espacial y el Comando Espacial, instancias que requerirán 300 millones de dólares para su instalación) y un presupuesto de unos 2.000 millones durante los cinco primeros años. Al final de esos cinco años podría a contar con una nómina de 15.000 personas.

El encaje de Panamá en la Ruta de la Seda y la ruptura con Taiwán de nuevos países del área sitúan los intereses chinos a las puertas de EEUU

• Alerta estadounidense por la gestión china de terminales a los dos lados del Canal de Panamá, de un posible puerto en El Salvador y de la estación espacial abierta en la Patagonia

• Pekín mantiene el apoyo a Maduro con un nuevo crédito de 5.000 millones de dólares, la implementación del Carnet de la Patria para el control social y el envío de un buque hospital

• La ayuda financiera china a Latinoamérica supera los 140.000 millones de dólares desde 2005; se han firmado unos 150 proyectos de infraestructuras, la mitad están en marcha en 2018

▲ Proyecto chino de terminal portuaria en una de las bocas del Canal de Panamá

Informe SRA 2019 / Jimena Villacorta [Versión en PDF]

La República Popular de China estrechó en 2018 su relación con América Latina, especialmente con Centroamérica. Si bien su nivel de préstamos oficiales se redujo en los dos últimos años, Pekín desarrolló otras actuaciones en la región y sobre todo mejoró su posición estratégica en América Central, para preocupación de Estados Unidos.

A lo largo de 2018 dos nuevos países cesaron su reconocimiento diplomático de Taiwán para pasar a establecer plenas relaciones con China. En mayo lo hizo la República Dominicana, país integrado en algunos de los acuerdos centroamericanos, y en agosto lo hizo El Salvador. Panamá dio el paso el año anterior, en junio de 2017 (y Costa Rica en 2007). Aunque esto deja a Taiwán aún con cuatro socios en Centroamérica (de los 18 países que siguen reconociendo a Taiwán en el mundo, cuatro están en el istmo americano: Guatemala, Honduras, Nicaragua y Belice; y otros cuatro se encuentran en el Caribe: Haití y tres microestados), China cuenta ya con suficiente espacio para sus operaciones logísticas.

Panamá se ha convertido en un interesante objetivo para Pekín. A comienzos de 2018 Panamá recibió la designación de nación más favorecida por parte de China, y en diciembre Xi Jinping realizó la primera visita de un presidente chino al país. En el marco de esa visita, Pekín anunció que existen 20 compañías chinas realizando operaciones en territorio panameño, como la construcción de terminales marítimas a ambos lados del canal interoceánico, del cual China es el segundo cliente mundial (el 30,7% de todo el tráfico), después de Estados Unidos. Además existen otras 70 empresas instaladas en la Zona Libre de Colón, de la que China es el principal proveedor. Panamá es pieza fundamental para el propósito sugerido por las autoridades chinas de extender a Latinoamérica el trazado marítimo de la Nueva Ruta de la Seda, para lo cual ambos países firmaron un memorándum, el primero con esa finalidad en la región.

Alerta de EEUU

La influencia de Pekín en Panamá ha generado suspicacias en Washington. En febrero de 2018, el almirante Kurt Tidd, jefe del Comando Sur estadounidense, ya indicó en su comparecencia ante el Senado la preocupación por el posicionamiento chino en el entorno del Canal. En septiembre EEUU llamó a consultas a la encargada de negocios de su embajada panameña para analizar esa actividad, y en octubre el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, expresó su inquietud en una visita al país. En febrero de 2019, el almirante Craig Faller, nuevo jefe del Comando Sur, insistió ante el Senado en lo “particularmente preocupante” que constituye “el esfuerzo de China para ejercer control sobre infraestructuras clave asociadas con el Canal de Panamá”. Faller también alertó sobre la construcción por parte de China de puertos en el litoral latinoamericano. “En el futuro”, dijo el almirante, “China podría usar su control de puertos de aguas profundas en el Hemisferio Occidental para aumentar su posición operacional global”.

Precisamente uno de los puertos que China podría tomar control fue objeto de debate político en El Salvador, donde el Gobierno del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) promovió en julio de 2018 una ley para designar zona económica especial el entorno del puerto de La Unión, en el golfo de Fonseca. La embajadora de EEUU en El Salvador acogió la iniciativa advirtiendo que el interés mostrado por China hacia La Unión, reconocido por las autoridades salvadoreñas, podría derivar en el uso de las instalaciones como base militar china.

El aumento de la actividad de China en Latinoamérica en 2018 fue correspondido, como se ve, con un incremento paralelo de las alertas desde EEUU. Otro de esos señalamientos fue el relativo a la estación de seguimiento y observación espacial construida y gestionada por China en la Patagonia argentina, a la que en febrero se refirió el jefe del Comando Sur en el marco de su visita al Capitolio. El temor es que, al ser dirigida por una empresa dependiente del Ejército chino, la estación pueda tener uso militar, aunque el Gobierno argentino ha requerido el compromiso de Pekín de que eso no ocurra.

Créditos y Venezuela

En el capítulo financiero, China otorgó en 2018 a la región un total de 7.700 millones de dólares en créditos, lo que supuso un ligero incremento respecto a 2017, tras dos años de descensos, aunque lejos de la cuantía de los ejercicios con mayor volumen, de acuerdo con la base de datos financiera China-Latinoamérica de Diálogo Interamericano. Desde 2005, la inversión directa china ha sido de 141.000 millones de dólares, la mayor parte procedentes del Banco de Desarrollo de China (CDB) y casi la mitad destinados a Venezuela (67.200 millones de dólares). De los 7.700 millones concedidos en 2018, 5.000 correspondieron a Venezuela, que así obtenía una asistencia que desde que comenzó 2007 solo le faltó en 2008 y 2017.

Si inicialmente la inversión estuvo más destinada a la industria extractiva, con el tiempo China ha ido entrando también en el sector de las infraestructuras. Desde 2002 se han firmado unos 150 proyectos de infraestructura de transportes, de los cuales en 2018 casi la mitad se habían iniciado.

La vinculación financiera especial con Caracas, básicamente a cambio de petróleo a futuro, ha llevado a Pekín a actuar en defensa del Gobierno de Nicolás Maduro. Además de negar el reconocimiento de la designación de Juan Guaidó como presidente encargado del país, China negó en marzo de 2019 el visado al representante nombrado por Guaidó en el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad que por primera vez iba a celebrar en territorio chino su reunión anual. Esto fue visto como la primera intervención de China en la política regional americana, valiéndose del creciente peso de sus créditos e inversiones en diversos países.

El auxilio a Maduro lo ha expresado China de diversas maneras. En 2018 se conocieron detalles de la ayuda tecnológica prestada por el gigante chino de telecomunicaciones ZTE para desarrollar el Carnet de la Patria impulsado por el Gobierno venezolano, en una implementación que busca el control social.

También hubo apoyo al régimen chavista con el envío de un buque hospital a Venezuela, en septiembre de 2018. El Arca de la Paz estuvo una semana en aguas venezolanas, un mes después de que el Pentágono anunciara que estaba programando el envío del Comfort, un buque con diversos quirófanos y otras instalaciones médicas, a Colombia para allí atender a los venezolanos que habían huido de la crisis humanitaria del vecino país.

Las consecuencias positivas del acuerdo de libre comercio se derivarán más del fin de la incertidumbre que de las nuevas disposiciones introducidas

Tras un año y medio de negociaciones, el nuevo Tratado de Estados Unidos, Canadá y México (este país lo ha bautizado como T-MEC, los otros dos hablan de USMCA) está aún pendiente de aprobación por las cámaras legislativas de cada país. En Washington el debate político debiera comenzar en breve; en él tendrá importancia qué efectos se prevé para la economía de EEUU y la de sus dos vecinos. Los primeros estudios discrepan en algunos aspectos, si bien coinciden en que los cambios introducidos en la renegociación del acuerdo que existía desde 1994 no van a tener especial impacto.

▲ Firma del tratado de libre comercio entre EEUU, México y Canadá, en el marco del G-20, en noviembre de 2018 [Shealah Craighead-Casa Blanca]

ARTÍCULO / Ramón Barba

La renegociación del antes llamado Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TCLAN, o NAFTA por su siglas en inglés) y ahora bautizado como Tratado de Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC o, en su versión anglosajona, USMCA), ha sido uno de los principales puntos en la agenda de la Administración Trump. Aprobado por las tres partes negociadoras a finales de 2018, ahora el tratado está pendiente de ser ratificado por las cámaras legislativas de cada país.

Puesto en marcha en 1994, el acuerdo había sido calificado por Trump como “el peor tratado comercial de la historia”. Desde el comienzo de su presidencia, Trump se propuso modificar algunos aspectos del acuerdo para reducir el gran déficit comercial con México (unos 80.000 millones de dólares, el doble del déficit que EEUU tiene con Canadá), y al tiempo devolver actividad y empleos al Rust Belt estadounidense, donde el eco de sus promesas había sido decisivo para su victoria electoral.

¿Qué ha ganado y qué ha perdido cada país en la renegociación del tratado? Y, sobre todo, ¿qué efectos va a tener en la economía de cada país? ¿mejorará Estados Unidos su balanza comercial? ¿se verán afectados negativamente México o Canadá por algunas modificaciones introducidas? Primero examinaremos cómo quedaron las pretensiones de cada uno de los socios al término de las negociaciones, y luego veremos el posible efecto económico de la nueva versión del tratado a la luz de dos recientes estudios, uno de un órgano independiente de la Administración estadounidense y otro elaborado por el FMI.

Tira y afloja

En las negociaciones, que se alargaron durante casi año y medio, México y Canadá lograron “mantener el status quo en muchas áreas importantes”, pero si bien los cambios reales fueron modestos, según se analizó desde Brookings Institution, estos “fueron casi uniformemente en la dirección de lo que quería Estados Unidos”. “El enfoque agresivo y amenazador de Trump”, que desafió con romper definitivamente el tratado, “logró obtener concesiones modestas de sus socios”.

En el punto clave de la industria automotriz, EEUU consiguió aumentar del 62,5% al 75% la proporción de la producción de un automóvil que debe hacerse dentro del área de libre comercio, obligar a que el 30% del trabajo necesario para fabricar un coche tenga un salario de 16 dólares/hora (el 40% a partir de 2023) –una medida dirigida a apaciguar a los sindicatos estadounidenses, pues en México el sueldo medio de un trabajador de la automoción es hoy de 4 dólares/hora–, y fijar un arancel del 25% para los coches llegados de fuera.

México y Canadá vieron atendida su demanda de que no introducir una cláusula de terminación autonómica a los cinco años si no había consenso previo para la renovación del acuerdo, puesta sobre la mesa por Washington. Finalmente, el T-MEC tendrá una duración de 16 años, renovable, con una revisión al sexto año.

El Gobierno de Justin Trudeau tuvo que hacer algunas cesiones ante el sector lácteo estadounidense, pero preservó lo que desde el comienzo había sido su principal línea roja: la vigencia del capítulo 19, referente a la solución de controversias mediante un arbitraje binacional independiente.

México, por su parte, ganó la tranquilidad que supone la pervivencia del tratado, evitando incertidumbre futura y garantizando la estrecha relación comercial con el gran mercado estadounidense. No obstante, las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos puede funcionar como un arma de doble filo para la economía azteca, pues por un lado puede favorecer una mejora del nivel de vida e incentivar el consumo, pero por otro puede afectar a la localización de empresas debido a unos salarios menos competitivos.

Al margen de estos cambios en una u otra dirección, la actualización del tratado era necesaria tras 25 años de un acuerdo que se firmó antes de la revolución de internet y de la economía digital que esta ha traído. Por otra pare, el cambio de denominación del tratado fue una “triquiñuela” ideada por Trump para vender a su electorado la renovación de un acuerdo cuyo nombre anterior iba asociado a críticas vertidas en las dos últimas décadas.

El debate sobre el texto se desarrollará en otoño en el Congreso estadounidense, donde los demócratas insistirán en reforzar las garantías de que México aplicará las medidas laborales comprometidas. Antes del voto EEUU deberá aplicar un exención a Canadá y México de los aranceles sobre el acero y el aluminio que la Administración Trump ha impuesto internacionalmente.

Efecto económico

La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC), órgano independiente que tiene el estatus próximo al de una agencia gubernamental, considera que el T-MEC tendrá un impacto limitado, pero positivo para la economía estadounidense. Así, en un informe publicado en abril, estima que la entrada en vigor del reformulado acuerdo hará aumentar la producción de EEUU en un 0,35%, con un incremento del empleo del 0,12%, cifras algo menores de las previstas cuando el TLCAN entró en vigor en 1994, momento en que EEUU esperaba un aumento del 0,5% de su economía y una subida del 1% del empleo.

En cualquier caso, ese tímido impacto no sería tanto por el contenido del texto acordado, sino por su mera existencia, ya que elimina incertidumbres sobre las relaciones comerciales de EEUU con sus dos vecinos.

El informe cree que el T-MEC supondrá un incremento de la producción de accesorios de automóvil en EEUU, arrastrando hacia arriba el empleo en ese país, pero provocando un encarecimiento de los productos y, por tanto, afectando negativamente la exportación. El informe prevé también que el mantenimiento del actual el sistema de arbitraje, como exigían México y Canadá, desanimará inversiones estadounidenses en el mercado mexicano y las potenciará en EEUU.

Esas conclusiones no coinciden con la apreciación del Fondo Monetario Internacional, si bien ambas instancias están de acuerdo en descartar efectos mayores del acuerdo. Así, un estudio del FMI publicado en marzo cree difícil afirma que, en el nivel agregado, los efectos del nuevo redactado “son relativamente pequeños”. Las nuevas provisiones “podrían llevar a una menor integración económica de Norteamérica, reduciendo el comercio entre los tres socios norteamericanos en más de 4.000 millones de dólares (0,4%), al tiempo que otorgando a sus miembros unas ganancias conjuntas de 538 millones de dólares”. Añade que los efectos en el PIB real del área de libre comercio son “insignificantes”, y matiza que muchos de los beneficios “vendrían de las medidas de facilitación comercial que modernizan e integran procedimientos aduaneros para reducir aún más los costes de comercio y las ineficiencias fronterizas”.

El resultado del estudio muestra que las más exigentes normas de origen en el sector de la automoción y los requerimientos de contenido de valor laboral, asuntos que atañen especialmente a la relación EEUU-México, “no conseguirían sus deseadas consecuencias”. Según el FMI, “las nuevas reglas llevan a un declive en la producción de vehículos y partes en los tres países norteamericanos, con giros hacia mayor abastecimiento de vehículos y partes de fuera de la región. Los consumidores encontrarán precios de vehículos más altos y responderán con una demanda de menor cantidad”.

En cuanto al mercado lácteo de Canadá, cuestión de especial relevancia en la relación comercial entre ese país y EEUU, los efectos de un mayor acceso estadounidense “serían muy pequeños y macroeconómicamente insignificantes”.

Esta disparidad de previsiones entre la USITC y el FMI obedece a que diversas variables están indeterminadas, como el futuro del acuerdo transpacífico, en el que están Canadá y México, o las discusiones comerciales en curso entre EEUU y China. Una muestra en que el terreno es especialmente movedizo es el dato de que en enero y febrero de 2019 México pasó a ser el primer socio comercial de EEUU (un intercambio de 97.400 millones de dólares), por delante de Canadá (92.400 millones) y China (90.400 millones). Eso elevó en 3.000 millones de dólares el déficit comercial de EEUU con México, justo en la dirección opuesta de las pretensiones de la Administración Trump.